En fechas recientes, la SSPA – (Red de regiones despobladas del sur de Europa) que agrupa a las patronales de las provincias españolas de Soria, Teruel y Cuenca, y a otras entidades europeas-, ha presentado un informe ante los medios de comunicación y ante parlamentarios europeos, sobre los instrumentos utilizados en Escocia para implementar una política de desarrollo territorial, destinada a revertir la tendencia de despoblación.  El informe se centra especialmente en destacar la figura de la agencia Highlands & Islands Enterprise (HIE) como instrumento diferenciador en la eficiencia del gasto público y del éxito del proyecto.  Si bien hay en el informe algunos aspectos positivos y que comparto, en otros sencillamente tengo dudas. Comparto con los lectores algunas de estas dudas.

En primer lugar, la dimensión temporal: la HIE empezó a funcionar en 1965, hace más de 50 años. ¿El funcionamiento ha sido uniforme y sostenido a lo largo de todo ese periodo?  A título de ejemplo, recordemos que en 1973 el Reino Unido entró en la CEE y que precisamente a raíz de su entrada en 1975 se puso en marcha la política regional europea y el FEDER.  Igualmente, ¿ha sido el funcionamiento uniforme durante los años 60 y 70, durante la ola desreguladora de Margaret Thatcher en los 80, o bajo el gobierno de tercera vía del escocés Gordon Brown, por ejemplo…? Y mirando a futuro, ¿qué influencia puede tener el Brexit sobre este modelo? ¿Qué periodos y qué políticas generales han tenido una influencia positiva sobre el proceso, y cuáles han tenido una influencia negativa?

En cierto modo, y haciendo una analogía, esto me recuerda el famoso “modelo Mondragón” de puesta en marcha de un tejido empresarial exitoso basado en cooperativas, en aquella comarca guipuzcoana…pero se nos olvida que las primeras escuelas de cooperativistas se crearon allí en 1943, y no fue hasta 1956 que se creó la primera cooperativa propiamente dicha: 13 años para madurar el proyecto y contar con las bases humanas precisas para poner en marcha el modelo.

Continuando con esto, y suponiendo -que es mucho suponer- que el proceso hubiese sido ascendiente y sostenido, en caso de extrapolación hacia nuestros territorios despoblados, ¿hemos de afrontar entonces un periodo de maduración de 50 años a partir del momento de la puesta en marcha de la “Agencia para el desarrollo de Teruel”, justo cuando tanto hablamos de que “se nos acaba el tiempo”…?

En segundo lugar, puedo entender -aunque no comparta-, que a los empresarios les resulte querida una figura “empresarial” -imagen de la eficiencia- gestionando los recursos públicos, en lugar de una entidad pública -imagen de la ineficiencia y el despilfarro: todo ello, apriorismos claramente ideológicos, por mucho que la legislación actual -también fuertemente ideologizada- los promueva. Sin embargo, hay que recordar que estas figuras son habituales en el Derecho anglosajón -mucho más laxo, y más regido por la common law, frente al Derecho positivo de base continental y napoleónica en el que se mueve nuestra tradición jurídica-, por lo que su transferencia no es siempre posible.  Y por otra parte, el Estado español -y Aragón- está lleno de empresas y agencias públicas, cuyos resultados son muy variables: unas funcionan con eficacia, agilidad e innovación, y otras son simples chiringuitos donde colocar asesores y amigos.  De modo que la figura, en sí misma, no implica mayor eficacia ni mejor calidad de gestión ni gobernanza.

En tercer lugar, de la lectura del informe no me quedan claros cuáles son los ámbitos competenciales exactos de la agencia, o más bien, cuál es su engarce jurídico con el resto de administraciones y muy especialmente la prevalencia de sus procesos planificadores. Esto es fundamental: en España y en nuestras CC.AA. disponemos ya de numerosos instrumentos de planificación horizontal (sin ir más lejos, la Directriz sobre despoblación recientemente aprobada por el Gobierno de Aragón), pero lo que no hay es una adecuada coordinación ni una clara prevalencia jurídica de estos mecanismos horizontales sobre la planificación sectorial o vertical.

Igualmente, e hilando con el punto primero, en el informe se mencionan (a mi juicio, con demasiada ligereza) políticas concretas que se han llevado a cabo desde el gobierno escocés y desde el británico, que han tenido un efecto positivo para la reactivación del medio rural de las Highlands; ¿qué papel ha jugado la PAC para mejorar la calidad de vida de esos territorios? ¿qué papel han jugado los fondos estructurales -carreteras, hospitales, escuelas- u otros fondos estatales, y quién y cómo y dónde ha tomado las decisiones sobre los mismos? ¿Tenemos datos que permitan evaluar la aportación de cada una de estas políticas al desarrollo del territorio? Esto es clave, porque de la lectura del informe parece que el hecho de tener una agencia haya sido importante o decisivo, pero siempre hay políticas definidas y planificadas a escala europea, estatal y regional, que influyen en el desarrollo de un territorio.

El informe destaca el carácter “despolitizado” de la agencia; puedo compartirlo si se trata de sustraer a la agencia a la dinámica de partidos y al turno de gobierno; no obstante, en España y en Aragón hemos tenido experiencias de gerentes de agencias con contratos blindados, gerentes de empresas públicas con salarios estratosféricos, juntas directivas y consejos de administración seguidistas o ignorantes de las andanzas de sus gerentes…por lo que, vuelvo a lo de antes, la figura o el carácter no hacen “bueno” ni “malo” el mecanismo; lo que es necesario es que su acción se diseñe con la gente en el territorio y con las instituciones donde está la gente representada -combinación de democracia directa y representativa-, y la dación de cuentas sea permanente y rigurosa.

Sin ir muy lejos, la experiencia de los primeros grupos Leader -a su vez surgida de las iniciativas francesas de los “pays” de los años 80 del siglo XX-, iba ya por este camino: equipo técnico independiente y motivado, una junta directiva de gente del territorio, con sus implicaciones políticas pero que “deja hacer”, y una escasa intervención por parte de la Administración regional y estatal; el resultado fue una capacidad de movilización y dinamización del medio rural muy por encima de los escasos medios asignados. Y, a pesar de ello, los gobiernos autonómicos no han parado hasta fagocitar los Grupos de Acción Local y convertirlos en meras ventanillas de entrada de proyectos, quitándoles prácticamente toda capacidad de iniciativa y de decisión.

Finalmente, leyendo el informe, y tanto que se hablaba de agencias (como si nunca hubiéramos visto ninguna) he decidido que tenía que romper una lanza a favor de los agentes de desarrollo local: ellos y ellas, los ADLs, llevan desde los años 90 trabajando en muchos pueblos y comarcas, dinamizando sus territorios, pateándolos, muchas veces sin horarios ni conciliación, con un muy reducido coste para la administración, creyéndose eso que llaman “desarrollo” y muchas veces ante la indiferencia o incluso desdén de sus alcaldes o responsables políticos -que buscan más bien un administrativo que le salga barato porque está pagado por el INEM-.  Los ADL constituyen una magnífica herramienta, poco aprovechada, para la dinamización de los territorios, pero se usan poco sus capacidades, porque no se crea red suficiente con ellos, porque no se les dota de la necesaria formación permanente, porque no hay especialización, porque sufren la precariedad, y el minifundismo municipal, y el carácter estanco y no colaborativo de los departamentos de la Administración… A lo mejor, en realidad, no hay que ir tan lejos para buscar los mimbres con los que crear esa “agencia regional de desarrollo”.