Una característica del funcionamiento de las instituciones comunitarias es la importancia que se da a la evaluación de las políticas y programas, tanto en su diseño inicial como en los resultados finales.  Desde un punto de vista profesional, me parece un criterio muy interesante, que por desgracia no suele ser tenido en cuenta en otras Administraciones (desde el nivel nacional hasta el local), en ocasiones por falta de medios, en otras por falta de voluntad política.

Recientemente, la Comisión ha lanzado una convocatoria de propuestas para realizar “evaluaciones contrafactuales” de la aplicación del Fondo Social Europeo: tal vez suene un tanto abstruso (“oscuro” o “burocrático”, dirían algunos), pero en realidad se  refiere a algo muy simple: disponer de datos suficientes y fiables para saber cuál ha sido el impacto real del dinero destinado al Fondo Social Europeo, poniéndolo en contraste con el escenario “sin fondos”.

Metodológicamente, el proceso es complejo, y repleto de variables, aunque apasionante.  Desde el punto de vista del decisor político, también debería serlo.  Pensemos que el FSE financia todas las políticas activas de empleo: cursos de formación a parados, talleres de empleo, escuelas taller, agencias de desarrollo local, etc…un volumen ingente de dinero sobre cuya eficacia y eficiencia es legítimo y necesario preguntarse, desde todos los puntos de vista: como gestor, como profesional, y también como ciudadano y contribuyente.