En mi último post, que ha tenido una cierta repercusión entre mis fieles lectores, hablaba sobre seguridad o rigidez jurídica. Básicamente, concluía que, en pos de un supuesto garantismo y la seguridad jurídica, se ha generado una selva legal que dificulta enormemente la puesta en marcha de proyectos de desarrollo rural que sean novedosos y transversales, que impliquen “otra manera” de hacer las cosas.  No obstante, señalaba también el papel que dicha selva legal juega en el mantenimiento de ciertos statu quo o nichos de poder, aspecto que también ha sido resaltado por algunos lectores, y sobre el que querría profundizar.

No sé si fue Romanones, paradigma de la política oligárquica de la Restauración, quien acuñó dos célebres citas, estrechamente relacionadas: “Ustedes hagan las Leyes, que yo haré los Reglamentos”, y “Para mis amigos todo, y a mis enemigos, les aplico la Ley”.  Creo que ambas (inquietantes) citas resumen muy bien el papel que puede jugar la Ley, o sobre todo su aplicación más concreta y cotidiana (reglamentos, ordenanzas, informes…) a la hora de apuntalar un determinado estado de cosas, en el caso que nos ocupa, apuntalar los intereses de quienes “ganan con la despoblación”, sobre lo cual ya he escrito en otra ocasión.

En mi post anterior había dado ya numerosos ejemplos de cómo la maraña legal enturbia y dificulta hasta el abandono proyectos muy diferentes.  Ahora, pensemos un poco más allá, a quién beneficia dicho abandono.  Por ejemplo, mientras se dificulta y se ponen pegas a los proyectos de biomasa local, los vendedores de gasoil (no solo las “grandes multinacionales”, sino muchas veces, simplemente el gasolinero del pueblo) hacen su agosto vendiendo miles de litros de gasoil de calefacción cada año, elaborado con petróleo venido del otro lado del mundo.  Mientras el Programa de Desarrollo Rural de Aragón descarta la Medida de Promoción de los circuitos cortos de comercialización agroalimentaria (contemplada por la propia Comisión Europea), alegando “dificultades de control”, la ciudad de Zaragoza tiene una de las mayores dotaciones de grandes superficies de distribución por habitante, de toda España, donde los zaragozanos pueden comprar judías verdes y tomates de Almería, Canarias o Senegal, o manzanas de Chile y China; pero no se trata solo de grandes multinacionales de la distribución, y si no, que se lo pregunten al lobby de los pequeños comerciantes en las cabeceras de comarca, que ponen el grito en el cielo cuando se plantea algo parecido a vender frutas y verduras de la huerta del pueblo, en el mercado semanal…

Hay que reconocer,  de todos modos, que este enfoque responde a una visión conspirativa del hecho administrativo y legal, que satisface nuestro afán por las historias truculentas y “de buenos y malos”, donde el emprendedor bueno, honrado, innovador y valeroso se enfrenta a una administración malvada y pacata, que responde a oscuros intereses, a una especie de “club Bilderberg” de proximidad…sin embargo, al cabo de los años, he llegado a la conclusión de que muchas veces, no es el lobbismo (solo, o en primer término) lo que empuja a la administración a hacer las cosas de determinada manera, sino más simplemente, a veces, la desmotivación o incluso la vagancia.

Efectivamente, en otro reciente post, apuntaba que es muy difícil -por no decir imposible- afrontar los grandes retos de nuestras zonas rurales, con el actual esquema de Administración y funcionariado vigente en España.  Decía en aquel post: “El comportamiento de una parte muy significativa del personal de la Administración en España: en general, no sujeto a evaluaciones periódicas de desempeño, no sujeto a formación continua ni a reciclaje, anclado en posiciones de confort, poco dispuesto a explorar novedades y mecanismos de colaboración con otras áreas, y, sin embargo, protegido en este comportamiento por numerosos mecanismos de garantía y por un trabajo sindical que adopta muchas veces tintes netamente corporativistas”, y hablaba también de la necesaria transversalidad de la Administración para responder a problemas complejos y transversales.  Sin embargo, la existencia de compartimentos estancos representa también nichos de poder, que alimentan el narcisismo (o a veces la cartera) de algunos.

Y en ese entorno, es mucho más sencillo adoptar y justificar posturas que impliquen poco trabajo: si la Comisión Europea habilita quince posibles Medidas de Desarrollo Rural, pero la Comunidad Autónoma sólo escoge dos, los funcionarios tendrán que trabajar sólo en dos temas y no en ocho, diez o quince.  Si escogemos un solo proyecto de 10 millones de euros, será siempre más sencillo de gestionar administrativamente, que 10 proyectos de 1 millón de euros cada uno…de ahí la preferencia por los “grandes proyectos”, “proyectos tractores” y demás literatura, cuya capacidad de influencia sobre el territorio suele ser muy discutible, y siempre por debajo de lo prometido.  Si simplemente se renueva la concesión del transporte público rural durante años y años, siempre será más fácil y cómodo que elaborar una nueva planificación y un nuevo pliego de condiciones (que podría evitar, de paso, el seguir pagando a las mismas empresas de siempre por hacer circular autobuses medio vacíos de 50 plazas por muchas zonas rurales despobladas).

En definitiva, que la maraña legal y administrativa en la que se enredan muchas iniciativas de desarrollo rural no responde realmente a una loable voluntad de seguridad jurídica, sino, en demasiadas ocasiones, al mantenimiento de un statu quo, cuyo motor puede ser la presión de determinados poderes (o “podercillos”) económicos, y en otras ocasiones algo tan simple como la desmotivación profesional y el tener pocas ganas de trabajar. Somos así de simplones…

En respuesta a todo esto, son dignas de aplauso algunas iniciativas que se están planteando en algunos Parlamentos autonómicos, no en el sentido de legislar “más”, añadiendo más y más Leyes de imposible cumplimiento práctico, sino de legislar “mejor”, revisando la normativa actual a la luz de las necesidades de los proyectos en marcha, artículo por artículo, punto por punto, para facilitar la vida a dichos proyectos, sin menoscabo de la necesaria seguridad.  E, igualmente, es preciso un potente trabajo de motivación, formación e implicación de los funcionarios, y que sean conscientes de su responsabilidad y del mandato democrático indirecto que ejercen, de modo que sean motores del cambio y del desarrollo, y no rémora del mismo.