Estas semanas se está negociando la conformación de los gobiernos en la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas.  Dicha negociación no se sale, en general, de los parámetros habituales de este tipo de procesos: iniciativa por parte de quien encabeza la lista más votada, reuniones con otros partidos, acuerdos programáticos más o menos laxos o vacíos (o llenos, según se mire), y distribución de cargos en Consejerías, Direcciones generales y otros entes públicos, lo que popular y peyorativamente se denominan “sillones” (un inciso: apunto lo de peyorativamente, porque soy de los que creen en el valor del servicio público, creo que, para muchas personas válidas, el salto a una responsabilidad pública de cierto nivel no representa una especie de chollo, sino más bien un sacrificio de la vida personal y profesional, una exposición pública muchas veces desagradecida, y la obligación de tomar decisiones muy complicadas.  Por lo tanto, me gustaría menos comentarios displicentes y algo más -mucho más- de respeto por la tarea de los gestores públicos.  Fin del inciso).

Dicho esto, sí me llama la atención que, tanto los documentos programáticos que se mueven, como las posibles estructuras de gobierno -el “reparto de sillones”- no responda a los grandes retos que afrontan los territorios, sino que adopten un perfil muy continuista, en el marco de una Administración muy tradicional.  Es habitual que los gobiernos se conformen a partir de Consejerías que funcionan, la mayor parte de las ocasiones, como compartimentos estancos y que, a su vez, se comportan de manera estanca respecto a otras entidades de la Administración.  El resultado es lo que coloquialmente decimos “tres por cuatro calles”: un notable despilfarro de recursos y energía, una atención desmesurada a lo cotidiano y a lo urgente (políticos apagando fuegos), y poca atención a los grandes retos a los que se enfrenta, no ya un gobierno, sino un territorio y una sociedad.  A esta infructuosa estanqueidad contribuyen algunos aspectos que merecen una reflexión, entre otros:

• La duración del mandato político de solo cuatro años; mi experiencia más reciente me está familiarizando con mandatos largos (cinco años en el Parlamento Europeo, seis años en los ayuntamientos belgas…), cuyas oportunidades de generar perspectiva se contraponen al ciclo cortoplacista español (formado por un primer año de familiarización, dos años apenas para poner en marcha iniciativas, y un último año convertido en tiempo de descuento y de cuchilladas hacia una precampaña electoral que cada vez se adelanta más…).
• El comportamiento de una parte muy significativa del personal de la Administración en España: en general, no sujeto a evaluaciones periódicas de desempeño, no sujeto a formación continua ni a reciclaje, anclado en posiciones de confort, poco dispuesto a explorar novedades y mecanismos de colaboración con otras áreas, y, sin embargo, protegido en este comportamiento por numerosos mecanismos de garantía y por un trabajo sindical que adopta muchas veces tintes netamente corporativistas.
• El carácter férreo, o la tremenda inercia, de las entidades territoriales: las Comunidades autónomas han supuesto, con diferencia, el hito más significativo de la distribución de las tareas del Estado en España, desde la división provincial de 1833…pero es que dicha división no se ha abandonado, las diputaciones provinciales que se crearon hace casi doscientos años siguen existiendo y manejando muchos recursos, la fusión de municipios pasa siempre por grandes dificultades…Además, cuando las Autonomías han ejercido su derecho de organización territorial, solo añaden más escalones al edificio (Comarcas, veguerías…) que se superponen a los anteriores, embrollando más la madeja administrativa y dificultando las tareas. Contrasta este hecho con el dinamismo de las entidades territoriales francesas, de carácter mucho más experimental (si funcionan, continúan; si no, se eliminan, en un ejercicio de mejora y de adaptación continua a las nuevas necesidades).
• La escasa o nula transversalidad de la Administración (dentro de la misma, con otras administraciones, y con el sector privado y el resto de la sociedad). Esta cuestión es clave: los grandes retos de nuestro tiempo (la despoblación, el envejecimiento, la adaptación tecnológica, el cambio climático…) requieren colaboración de todo tipo de actores y un enfoque integrado.  Sin embargo, ambos resultan muy difíciles de aplicar si cada Departamento de un gobierno autonómico es celoso de sus competencias “exclusivas” y no plantea colaboración necesaria con otros departamentos, o con Ayuntamientos, o con empresas y sindicatos, o con ONG…pero no a través de los mecanismos tradicionales y establecidos de participación ciudadana (que no hacen sino mantener el protagonismo y control de la Administración), sino mediante una toma de decisiones verdaderamente compartida.  En última instancia, pues, esa urgente y necesaria transversalidad es una forma más de profundización democrática.

Por lo tanto, el debate de los sillones debería ser un debate basado en un programa de necesidades de la Administración y del resto de actores de la sociedad, centradas en la resolución de los grandes problemas de nuestra sociedad y territorio.  Sin miedo a cerrar unas consejerías y crear otras nuevas, con dotación de medios para el reciclaje, con mayor movilidad de técnicos entre unas administraciones y otras, y con otros sectores (privado, tercer sector…); creando las entidades territoriales más adecuadas para todo ello, y suprimiendo sin miedo otras obsoletas o inadecuadas, sin miedo a colaborar y ceder competencias en aras de los objetivos comunes…

Sin embargo, la discusión real sobre los “sillones” hace tabla rasa de estas consideraciones, y solo plantea quién ocupa los tres o cuatro primeros puestos de cada departamento…pero por debajo, todo continúa igual. Y el resultado es la famosa frase (falsamente) atribuida a Einstein: “Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.