Seguridad, flexibilidad y rigidez jurídica

Leo estos días que las pruebas del autobús autónomo (sin conductor) por el barrio de La Defènse, en París, no han funcionado muy bien, debido, entre otras cosas, a las dificultades del tráfico en la zona.  Cosas que pasan, con los experimentos.  En Bélgica, dichos autobuses se han probado en diferentes lugares públicos, en general poco concurridos, con un notable éxito.

Con independencia del resultado, un aspecto importante del experimento es que se le ha dotado de las herramientas jurídicas para poder llevarlo a cabo. En el caso de Bélgica,  el Parlamento federal hizo incluso una modificación ad hoc de la Ley de Tráfico, para contemplar este tipo de vehículos y facilitar así este tipo de experiencias.  Es un ejemplo de la necesaria flexibilidad, para dotar al desarrollo tecnológico de la también necesaria seguridad jurídica.

Cuando hablamos de desarrollo rural y de extraer las potencialidades de los territorios, hablamos mucho de experimentos sociales, que implican transversalidad y colaboración entre entidades. Pero es muy difícil  llevar a cabo dichos experimentos, si aplicamos de manera sistemática el actual libro de la Ley; es más,en ocasiones se aplica dicho libro de la Ley para dificultar el experimento.

Y ejemplos hay legión: el experimento con un vehículo autónomo por las carreteras desiertas de Teruel o Soria sería imposible, porque ni la Ley de Tráfico, ni la normativa sobre seguros, entre otras, contemplan esta posibilidad, y no existe (o no parece que exista) mecanismo para flexibilizar ad hoc estas normativas de nivel estatal.  El proyecto de un municipio para instalar un district heating alimentado con biomasa de sus propios montes y conectarse a la red eléctrica, se va a encontrar  con la selva legal de la legislación sobre Montes, la del Sector eléctrico, la ambiental, la urbanística, la de Ordenación del territorio, y seguramente alguna más, sin que ninguno de los departamentos correspondientes estén dispuestos a mover un dedo para facilitar las cosas.

El proyecto de un municipio -y no digamos de una ONG, en el marco de un proyecto de custodia del territorio, por ejemplo-,  para arreglar las riberas de su río se va a encontrar con el muro de la Confederación Hidrográfica y de la Comunidad Autónoma, siempre dispuestas a aplicar el rasero más exigente a este tipo de propuestas; o se va a encontrar con propietarios que aparecen “debajo de las piedras” para exigir supuestos derechos, en una invocación a todas luces desproporcionada del Derecho civil de la propiedad…

En el caso de las tecnologías de la información y comunicación, nos encontramos con la selva legal de la normativa sobre telecomunicaciones, sobre el espacio radioeléctrico o la urbanística. En el caso más simple de un obrador de carnicería o de pastelería, la aplicación inmisericorde de una normativa restrictiva en nombre de la salud pública, impide la comercialización de productos artesanos y la generación de rentas del sector primario, a mayor gloria de las grandes superficies, y en claro contraste con lo que sucede en Francia, donde cada ferme o domaine vende sus huevos, vinos o quesos, en mercados dominicales o en la puerta de su casa.  Y muchos nos hemos alojado en casas de turismo rural u hoteles con encanto, con intrincadas escaleras antiguas, que en España -decimos- no cumplirían ninguna normativa de habitabilidad o de seguridad…

En mi opinión, acabar con esta rigidez y resolver todos estos cuellos de botella es mucho más urgente que seguir “buscando dinero”.  Dinero hay, y muchas veces lo que se proyecta tampoco cuesta tanto; los necesarios experimentos, el hacer algo distinto que realmente mueva al desarrollo, requiere sobre todo un marco jurídico flexible, una capacidad de adaptar la norma y la seguridad a las nuevas situaciones que son fruto de la inventiva y del dinamismo humano.  Pero es más fácil (o más conveniente para algunos) aplicar el hierro de la Ley, quitarse faena y/o mantener el statu quo, ya que dicha aplicación construye también nichos de poder.

Ahora que tanto se habla de “pactos de Estado” y demás expresiones grandilocuentes, tal vez el reto del desarrollo rural sea construir de una manera ágil y transparente este equilibrio entre seguridad y flexibilidad jurídica, para huir de la rigidez.