Estos días estamos viviendo una actividad muy intensa y una crisis que afecta a múltiples aspectos: sanitario, social, económico, logístico y comercial y, por supuesto, política.  Los gobiernos de todos los niveles y países se están viendo confrontados a un escenario hasta ahora inexistente, y por tanto sus decisiones -tantas veces objeto de crítica, por improvisadas, equivocadas, tardías, o erráticas-  son fruto evidente de la incertidumbre en la cual deben tomarse dichas decisiones.

En realidad (y esto me permite hilar con los temas más habituales de mi blog), estamos asistiendo a un proceso en el que la ley (en forma de Real Decreto), y en general las políticas, se diseñan de urgencia, sin haber sido (sin haber podido ser) previamente objeto de experimentación, prueba, o proyecto piloto.  Los gestores públicos, ante la gravedad de la situación, se ven obligados a montar experimentos a escala 1:1, para atender problemas y casuísticas enormente diversas e igualmente acuciantes.

Por el contrario, en este blog hemos comentado en varias ocasiones cómo los proyectos, y especialmente los “proyectos europeos” son muchas veces un fin en sí mismos: el proyecto se ejecuta para cubrir el expediente, justificar la existencia de una determinada infraestructura y/o cubrir sus gastos corrientes o de personal.  Nos olvidamos de que, especialmente en proyectos gestionados desde las administraciones, éstos deberían constituir el hito experimental necesario para, primero, aprender lecciones y extraer conclusiones, después, modificar las políticas y, en última instancia, las leyes.  Los proyectos europeos y sus programas, deberían ser sobre todo los mecanismos habituales de innovación en la administración pública, no simplemente  mecanismos de financiación de la misma o piezas de prestigio en el marco de una política de escaparate.

No quiero decir con eso, ni muchísimo menos, que una adecuada gestión de proyectos europeos hubiese resuelto todos los problemas con los que las administraciones se enfrentan ahora, en el marco de la crisis del coronavirus.  Pero sí es cierto que una práctica innovadora permanente, alimentada por dichos proyectos y que alcanzase el plano de las políticas y de la promulgación de leyes, hubiera generado administraciones y gestores públicos mucho más adaptativos y resilientes, y por tanto más capaces de tomar mejores decisiones en un contexto tan crítico como el actual.  Tal vez ésta pueda ser una de las muchas lecciones que toque extraer de la presente crisis.