La creciente proliferación de proyectos de parques eólicos o fotovoltaicos en muchas zona rurales españolas está generando, a su vez, una notable oposición entre diferentes colectivos (ecologistas, empresarios turísticos, etc.), que ven en dicha proliferación una agresión al paisaje, a los hábitats y especies sensibles (sobre todo aves), y también a un modelo de desarrollo basado (a través del turismo) precisamente en la calidad de un paisaje que ahora se ve amenazada.

Es cierto que España es firmante del Convenio Europeo del Paisaje; sin embargo, conviene recordar que este instrumento no tiene fuerza de ley, y simplemente puede inspirar políticas o normativas de protección.  Por otra parte, se argumenta también que, si se hay que cambiar nuestro modelo energético, algún precio habrá que pagar, y la presencia de los molinos en los cabezos de nuestro territorio sería un precio relativamente pequeño, en aras de un mejor futuro para todos.

Creo que, en este punto, conviene contextualizar a qué estamos asistiendo.

En el marco de la lucha contra el cambio climático, el abandono de las fuentes de energía fósil y su sustitución por renovables constituye un paso ineludible.  Ahora bien, dicho paso puede ser una oportunidad para cambiar el modelo energético (producción, distribución y consumo), hacia modelos más democráticos, emancipadores y sostenibles, o bien puede representar simplemente una sustitución de unas fuentes de energía por otras, pero sin modificación de los actores del sector y de su correlación de fuerzas.

El planteamiento inicial del Green Deal, promovido por la Comisión Europea, responde fundamentalmente a la segunda opción, y concibe la llamada “transición justa” meramente como un fondo destinado a paliar las consecuencias más acuciantes del abandono de los combustibles fósiles en las regiones que han vivido más tradicionalmente de su extracción o, es más, como un medio para financiar con dinero público el cambio de modelo de negocio de las empresas que durante decenios han explotado los recursos fósiles y ahora se dirigen hacia los renovables.  Además, la financiación de grandes infraestructuras de transporte de energía de  carácter transeuropeo, y los nuevos mecanismos de financiación (que permiten que un país pueda financiar -y contar como propio de cara a a su compromiso en energías renovables) un proyecto de renovables instalado en un tercer país, van en la línea de alimentar un proceso donde las regiones periféricas de Europa ricas en recursos renovables serán meras suministradoras de energía para las zonas centrales.  Para que se entienda, en España se podrán construir plantas fotovoltaicas que realmente pertenezcan a Estonia, o en el Mar Báltico haya un parque eólico marino de propiedad española.

Recuerdo una primera hornada de proyectos eólicos que vieron la luz en los años 90, cuando quien suscribe trabajaba en el Maestrazgo de Teruel; se planteaban proyectos por prácticamente todas las “muelas” de la comarca; proyectos que tenían el hándicap de la evacuación (una cosa es producir la electricidad, y otra sacarla a la red), y también, muchas veces, falta de financiación.  Recuerdo que, ya entonces, algunos suspirábamos por dos cosas: por un lado, que se aplicasen unos mínimos principios de ordenación del territorio, de modo que se pudiera decir “aquí se puede instalar, aquí no, aquí con tales o cuales condiciones”, y por otro lado, que las renovables constituyesen la oportunidad para una democratización de la energía, es decir, la oportunidad para promover el autoconsumo (en granjas o casas que ahora se calientan con el gasoil o el gas que viene de Rusia o de Arabia y que les vende una multinacional), o la generación distribuida (como en los casos de calefacción de distrito alimentados con biomasa forestal)) o empresas locales de energía; en definitiva, las energías renovables como un medio para la emancipación de las zonas rurales, con creación local de empleo y riqueza.

Sin embargo, lo que nos encontramos es, sencillamente, un cambio de fuente de energía por parte del  oligopolio eléctrico, que perpetúa el modelo centro-periferia que durante tanto tiempo hemos criticado para las zonas mineras: territorios que ven explotados sus recursos naturales (ayer era el carbón, hoy es el viento), sin que queden allí más que las migajas, en forma de unos cuantos empleos y alguna tasa para los Ayuntamientos. Claro que, en una época de tan escasas oportunidades de empleo y financiación, estos proyectos son recibidos con alfombra roja por muchas personas…lo cual choca -como veíamos al principio-, con quienes lo ven como una agresión al medio o a su negocio. Todo ello es, además, campo abonado para especuladores, para empresas que sencillamente compran y obtienen derechos, no para instalar un parque eólico, sino para venderlos a terceros, en un proceso opaco, ante el cual los agentes locales se sienten muchas veces indefensos.

En este punto estamos, y los responsables que deberían gestionar esta transición y ordenar este debate, sencillamente no lo están haciendo. Es imprescindible que las Administraciones públicas lleven a cabo un esfuerzo de planificación, concertación, coordinación y participación, y sean ellas quienes marquen el ritmo.