Continúa estos días la explosión de informaciones y declaraciones en relación con la despoblación del medio rural en España. Esto es verdad: nunca hasta ahora se había hablado tanto de esto.  Otra cosa es que se confundan términos, se mezcle todo, se aproveche para etiquetar de una manera “moderna” lo que son reivindicaciones más o menos viejas, o se hable y se argumente mucho, para terminar pidiendo dinero…qué originales.

Empiezo por el final: ¿pedir dinero? Sin duda, pero… ¿Es que no hay dinero? ¿Es que no lo ha habido antes?  Durante 30 años España ha recibido una cantidad de millones mayor que la que recibió toda Europa occidental con el Plan Marshall para la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.  Al mismo tiempo, en todas las Comunidades autónomas se han gastado cantidades ingentes de dinero en obras faraónicas y supuestos proyectos “tractores” (culturales, deportivos, “ambientales”…), que traerían empleo, riqueza, fijación de población…y nada de eso ha servido para frenar la despoblación.

Supongamos que todo el dinero empleado hasta ahora ha sido correctamente utilizado y aun así hay que seguir pidiendo, ¿a quién? ¿A “Europa”? Pero Europa va a pedir dos cosas: primero, que el problema tenga la suficiente importancia a escala europea como para constituir un criterio específico de asignación de fondos, es más, que tenga “más” importancia que otros criterios que también están en pugna (como, por ejemplo, la saturación de infraestructuras, la llegada de refugiados, o las deseconomías ligadas a una excesiva aglomeración urbana, o incluso la sismicidad); segundo, que los Estados más directamente afectados se comprometan previa y realmente, con planes y estrategias y fondos. ¿Se cumplen estas dos condiciones?

Me temo que no. En cuanto a la primera condición, conviene recordar que las zonas escasamente pobladas representan una parte mínima de la UE: la población global de la UE supera los 500 millones de habitantes, y su densidad de población media es de 116 habitantes por Km2 (un parámetro muy alejado de los 3-5 hab./Km2., que afectan sólo a los escasos 500.000 habitantes de la llamada “Serranía Celtibérica”). Dicho vacío poblacional no es ni una cuestión transfronteriza ni una cuestión “contagiosa”.  Finalmente, un criterio ya existente pero poco aplicado en las zonas rurales españolas más despobladas es la pobreza; efectivamente, una gran parte de las zonas rurales europeas se enfrentan a un serio problema de pobreza material y de exclusión social, derivado de un bajo nivel de renta, hecho que no suele ser característico de los pueblos del interior peninsular (más bien, tradicionales “graneros” de captación de ahorro por parte de las entidades financieras).   Por tanto, es bastante más probable que los fondos europeos para las zonas rurales se destinen a zonas que son “pobres”, pero no “despobladas”.

El escaso peso del problema a escala de la UE explica por qué se están buscando enfoques alternativos o complementarios, y de este modo se hable más de “reto demográfico”, englobando también el envejecimiento (que afecta de manera más amplia al continente europeo). No obstante, hay que ser muy cauto con los pasos que se están dando, y ser conscientes de que son pasos muy tímidos.  En este sentido, creo que se está sobrevalorando el reciente informe sobre “reto demográfico” presentado la semana pasada en el Parlamento Europeo, y me baso para ello en al menos dos detalles formales: 1) dicho informe no aparece en la lista de “asuntos destacados” en la web de la Comisión de Política Regional donde se presentó, y como uno más de la lista de 31 trabajos en curso de dicha Comisión; y 2) la propia ponente del informe no lo presentó personalmente en Bruselas y delegó en otro diputado de su Grupo…

En resumidas cuentas, lo que plantea la UE y además parece lógico es que, a la hora de implementar una política específica para la despoblación, ésta debiera ser, primero, materia de Estado. Sin embargo, -y ésta es la segunda condición antes mencionada-, el Estado español ha vivido en los últimos 30 años un doble proceso que dificulta enormemente tal intervención:

• Por un lado, el proceso de dejación de responsabilidades que supuso la entrada en la CEE: desde los años 90, la política regional en España es, ni más ni menos, que la se puede articular en función de los Fondos estructurales, sin aplicación de políticas ni de criterios propios. Se está a “lo que dice Bruselas” sin atender los problemas específicos que no sean objeto de atención en el marco comunitario.
• Por otro lado, el proceso centrífugo que ha hecho que todas las políticas en materia de ordenación del territorio y desarrollo regional hayan ido a parar a las Comunidades autónomas, las cuales actúan por separado, reservando sus parcelas de poder, y sin poner en marcha acuerdos transversales entre las Comunidades para afrontar problemas comunes.

La resultante de este proceso es que, ni Estado ni Comunidades autónomas -y sin diferencias en su color político-, toman responsabilidades y son capaces de afrontar un problema de carácter suprarregional.  Políticos y técnicos, pero también agentes sociales y ciudadanía en general, miran hacia Bruselas para que ésta les resuelve un problema doméstico…y cuando “Bruselas” responde que eso no es su problema, entonces se aplica el victimismo.  Ahora parece que empiezan a cambiar las cosas…a ver si es verdad.

Vamos a suponer, no obstante, que se llega a este acuerdo global entre todos los actores implicados, para “luchar contra la despoblación”. ¿Qué es exactamente esto, aparte de un slogan atractivo?  Porque, ahora, con esta “moda”, todo puede ser “luchar contra la despoblación”: quienes defienden que la central térmica de Andorra siga quemando carbón lo hacen para “evitar la despoblación de la comarca”; los defensores del embalse de Biscarrués (en el Prepirineo de Huesca) lo quieren para “luchar contra la despoblación” y quienes están en contra de dicho embalse, también están “contra la despoblación”; abogar por el mantenimiento y crianza de especies exóticas invasoras, se considera “lucha contra la despoblación”, y a la vez, se considera la “causa de despoblación” la presencia de especies autóctonas y protegidas como el lobo; subvencionar masivamente -ya que hablamos de dinero- a empresas cuyos propietarios las venden después con un beneficio millonario, sin que el erario público vea un euro de retorno, ¿es también es luchar contra la despoblación…?

Por mi parte, siempre he planteado que faltan objetivos, estrategias, e indicadores que nos permitan saber si nos acercamos al objetivo al aplicar las estrategias.

Pero, ¿qué tipo de estrategias? ¿Cómo nos acercamos a esta cuestión si las acciones pueden ser tan contradictorias como las mencionadas en el párrafo anterior? Creo que la lucha contra el cambio climático, nos ofrece, de nuevo, analogías interesantes. En dicha lucha, la UE ha establecido dos clases de estrategias: de adaptación, y de mitigación.

En el caso de la despoblación, y si hablamos de adaptación, estaríamos hablando de la “silver economy”, de sacar partido de las posibilidades y retos que ofrece el envejecimiento de la población, en materia como los avances médicos o la aplicación de tecnologías; igualmente, estaríamos hablando de la innovación en la gestión de los recursos naturales en áreas despobladas (de nuevo, apoyados en tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica, los GPS, los drones, las imágenes de satélite o aplicaciones todavía desconocidas a través de banda ancha).  Por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué Guipúzcoa se ha planteado tener un centro de referencia sobre el envejecimiento, y en cambio el Ayuntamiento de Martín del Río, en la cuenca minera central de Teruel, tuvo que trabajar durante veinte años casi en solitario para instalar y mantener una residencia de enfermos de Alzheimer, evidente yacimiento de empleo que da respuesta a uno de los retos de nuestro tiempo y nuestra tierra…?

Si hablamos de mitigación, estamos hablando de algo más difícil: mitigar la despoblación, reducirla, desacelerarla, “que vuelva la gente a los pueblos”, que se “llenen de vida”, ámbitos en los cuales se mezclan mucho los deseos con la cruda realidad. En la mitigación está la creación de empleo, la dotación de servicios públicos (que nunca pueden ser traslación mimética de los servicios que existen en una ciudad), dotación de relaciones sociales y culturales (importantísimo y olvidado)…Repito, éste es el campo más difícil y más complejo; para su puesta en marcha es necesario dotarse de datos y objetivos concretos, que permitan ajustar las acciones a realizar y los recursos a asignar.  Igualmente, es el que puede requerir decisiones más peliagudas, asumir que “no todo vale”, y por eso -igual que pasa con el cambio climático- las acciones de mitigación suelen ser más laxas, menos definidas, y más prolongadas (postergadas) en el tiempo.  Insisto: imprescindible caracterizar, cuantificar, poner plazos, indicadores, acciones, definir causas y efectos…todo lo demás, seguirán siendo palos de ciego y recursos poco aprovechados.