Financiar la repoblación (I): aclarando mitos.

Como venimos viendo, la cuestión de la financiación, de los “fondos” está a la orden del día cuando se habla de remedios contra la despoblación. Sin embargo, las propuestas que vienen poniéndose encima de la mesa adolecen de limitaciones y contradicciones, que conviene hacer ver, y buscar en su lugar propuestas más integradoras y de más futuro.

Cuando se piden “fondos” a la Unión Europea, lo que se está pidiendo son, simplemente, subvenciones a fondo perdido. Se da con ello a entender que las inversiones -tanto públicas como privadas- son muy improbables sin dichas subvenciones. Sin embargo, esto no siempre es así: mecanismos de subvención muy poco dotados económicamente, como la iniciativa LEADER, han mostrado una gran capacidad de dinamización de los territorios; por el contrario, el mar de subvenciones del primer pilar de la PAC (pagos directos, derechos, etc.) han tenido un efecto muy limitado sobre la despoblación, y especialmente sobre la distribución de la renta.  En definitiva, y como insistido en tantas ocasiones, es más importante el modelo de gobernanza existente que la cuantía de las subvenciones.

Cuando no son subvenciones, es decir, dinero contante y sonante en el bolsillo del promotor, lo que se piden son exenciones, es decir, subvenciones encubiertas. De este modo, se piden rebajas en la cuota de autónomos, o reducciones en los tramos del IRPF, o deducciones en otros impuestos como el IBI, el Impuesto de Sociedades o el de Vehículos.  Se argumenta para ellos que las empresas ubicadas en una zona despoblada se enfrentan a dificultades objetivas por el reducido tamaño de su mercado.  Sin embargo, estos argumentos son frágiles y fácilmente contestables, lo cual explica la renuencia de las autoridades fiscales a su implementación.  Las empresas del medio rural pueden tener un mercado local más limitado, es cierto, pero también suelen tener menos competencia que en las ciudades, los locales o naves son mucho más baratos y accesibles que en las ciudades, y en general las tasas e impuestos que se pagan a nivel local (IBI, Impuesto de Vehículos, Impuesto de Actividades Económicas, etc…) son mucho más bajos en los pueblos que en la ciudad.  Prueba de ello es que muchos emigrados a la ciudad siguen teniendo su coche “matriculado” en el pueblo para pagar menos impuestos. Esta práctica de algunos pueblos de convertirse en “paraísos fiscales” ha llevado a que incluso flotas de vehículos de alquiler estén matriculadas allí…sin que eso suponga más habitantes en el pueblo, claro.

En cuanto a la reducción de la cuota de autónomos (y yo lo he sido), personalmente lo tengo claro: es una cuestión relativa. Si el negocio factura 1000 euros al mes, una cuota de 264 euros al mes es una losa insufrible…pero es que eso ni es negocio ni es nada, desde cualquier punto de vista; si el negocio factura 10000 euros al mes, la cuota de autónomos ya no es tan grave.  Por tanto, la clave está en el mercado, en la facturación, no en la cuota “per se”.  Una prueba de ello es que, por ejemplo, la provincia de Teruel (una de las más despobladas de España) siempre ha tenido una cuota de autónomos relativamente alta: sus autónomos representan el 13% de los autónomos de Aragón, mientras el total de afiliados a la Seguridad Social es sólo el 9,54%. Y otra prueba de ese carácter relativo: el número de autónomos está vinculado claramente a la bonanza económica: en tiempos de bonanza, hay más autónomos, a los que en ese momento no parece preocupar el importe de la cuota (por otra parte, no lo olvidemos, extraordinariamente baja de cara a las cotizaciones y pensiones futuras…).

Una tercera vía que se está proponiendo es la de orientar el tramo autonómico del IRPF hacia políticas “contra la despoblación”.  De este modo, igual que existe una casilla en la Declaración para decidir si se quiere colaborar con la Iglesia católica, habría otra para decidir “políticas activas de lucha contra la despoblación del municipio del que procede el contribuyente”.  Digamos que es una medida de difícil implementación y aún más difícil control.  Sobre la implementación, porque se trata de abrir un melón complejo: la asignación específica de impuestos por parte del contribuyente rompe el principio de caja única de la recaudación (esto también lo hace la famosa casilla de la Iglesia católica, que conste); además, abre la puerta a que todos los colectivos puedan pedir “su casilla”: un 10% para políticas ambientales, un 10% para carreteras, un 10% para embalses…y también, sensu contrario, abre la puerta a la objeción: el contribuyente puede pedir que NO se dedique dinero a gasto militar, o a financiar embalses que inundan pueblos o a subvencionar la energía nuclear (son sólo ejemplos).

Sobre el control, ya comentamos en un post anterior lo laxo e indefinido que puede ser eso de las “políticas activas de lucha contra la despoblación”, y si encima aplicamos como escala el municipio de procedencia, ¿quiere eso decir que el contribuyente que vive en Zaragoza pero proviene de Cantavieja, sólo puede aportar para Cantavieja, pero no a Iglesuela del Cid o a Villarluengo…? ¿Y sólo pueden optar aquellos contribuyentes que tengan el “privilegio” de haber nacido en un pueblo…? ¿Y qué hacemos con los millones de españoles que ya han nacido en ciudades pero puedan tener querencia a su pueblo de origen…?

En realidad, y en un sistema democrático, el diseño de las políticas que se financian con nuestros impuestos corresponde al ejecutivo y legislativo elegidos; ahí es donde hay que poner el acento, y no buscar “atajos” peregrinos a través de casillas en la Declaración de la renta.

De esta manera, hemos planteado las limitaciones y contradicciones de las subvenciones, exenciones y asignaciones; en entradas posteriores plantearemos alternativas desde el punto de vista de la fiscalidad.

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