Viene esta reflexión al hilo de dos noticias recientemente aparecidas en la prensa turolense, y estrechamente relacionadas: por un lado, la intención del Parque Tecnológico del Motor (Technopark), ubicado en Alcañiz, de bajar sus precios para intentar atraer empresas a este parque casi vacío. De otro lado, el esclarecedor artículo de Maribel Sancho, sobre la atonía de la inversión privada en las cuencas mineras turolenses, pese a los bajos precios del suelo industrial y a los incentivos ofrecidos por los Ayuntamientos.

A todo esto han de sumarse las noticias que se han venido sucediendo ya desde hace tiempo: el progresivo cierre de un buen número de empresas ubicadas en los polígonos industriales de Andorra –que se habían instalado con fondos MINER y en suelo promovido también con dichos fondos-, o el desértico panorama que ofrece buena parte del Polígono “Las Horcas” de Alcañiz, con numerosas parcelas y naves cerradas: son sólo algunos ejemplos.

No sucede esto solamente en el Bajo Aragón; proyectos como PLATEA en Teruel o PLAZA en Zaragoza se encuentran con niveles de ocupación muy por debajo de su capacidad. Y en el resto de España, los polígonos logísticos e industriales se ofrecen, muchas veces casi gratis, a las posibles empresas.  Sucede esto especialmente en regiones donde confluyen altos niveles de desempleo, fuerte inversión pública apoyada por fondos europeos y amplias superficies.  El corolario es bien conocido, en forma de “paracaidistas”, proyectos nonatos, y fraudes de todo tipo.

Todo lo cual debería hacernos reflexionar sobre las políticas de incentivos regionales que se han venido sucediendo en España, sobre el mejor uso del dinero público y sobre los resultados obtenidos. En este sentido, se echa en falta –como en tantas políticas públicas-, el haber establecido unas metas concretas y unos objetivos cuantificables, que fuesen la base de la posterior evaluación (que tampoco se ha hecho).

Algunas de las características del modelo de incentivos vigente han sido:

1. El aumento desmesurado de la oferta de suelo industrial –vinculado al “hormigón, movimiento de tierras y cemento” que sigue siendo el “alfa y omega” del desarrollismo español,
2. La no aplicación, de manera generalizada, del principio de recuperación de costes.
3. y el minifundismo municipal,

Todo ello ha redundado en una guerra de precios e incentivos donde los municipios compiten de manera absurda por atraer proyectos de los que, en realidad, son beneficiarios, se ubiquen en un término o en otro; se han generado deseconomías, y se han limitado economías de escala; llama la atención cómo, tanto que se habla de colaboración entre municipios, se colabora tan poco en este ámbito.

En resumen, el modelo se ha centrado en ofertar una reducción de los costes de inversión en activos fijos –aspecto que resulta decisivo solamente para algunos tipos y sectores empresariales muy concretos-, pensando en empresas con (teórica) capacidad de generación de numerosos puestos de trabajo (a su vez, también incentivados por otras vías). Sin embargo, se han ignorado otras variables importantes a la hora de instalar empresas, a veces más de carácter social y cultural (“imagen” del territorio, el propio dinamismo de las empresas y la capacidad para ofrecer “carrera” profesional a cuadros cualificados, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral y el papel de la mujer…).

Igualmente, la política industrial debería haber incidido en cuestiones tan significativas como la propiedad empresarial: muchas experiencias fallidas –o directamente fraudulentas- han demostrado que la iniciativa exclusivamente privada y el laissez faire laissez passer no son, necesariamente, la mejor de las vías para el fomento empresarial; a  su vez, en numerosos países desarrollados, los planes de incentivos regionals o sectoriales han venido unidos a una participación del sector público en la propiedad y en la toma de decisiones de las empresas apoyadas –a través de los correspondientes técnicos cualificados, no de los “amiguetes”-; esto nos evitaría, además, fenómenos de aprehensión, si no ilícita, sí ilegítima: estoy recordando una de las más conocidas empresas ubicadas en la cuenca minera de Andorra, de propiedad “familiar” a pesar de que una gran parte de la inversión provenía de fondos públicos…y cómo la familia vendió la empresa por 45 millones de euros…sin que el sector público que había sido decisivo en la instalación de dicha empresa viese un euro de retorno, porque no era formalmente “copropietario” de nada.  Y sin una sola voz discordante.

En definitiva, muchas cuestiones sobre política industrial y regional encima de la mesa, muchas –demasiadas- experiencias negativas, y poca voluntad de profundizar en las causas y consecuencias de estos hechos para, al menos, evitar repetir los errores y ser capaces de superar algunos mitos. Por todo ello, sería bueno que se abriese un debate sereno sobre estas cuestiones, con participación de todos (Administraciones regionals y nacionales, Ayuntamientos, agentes sociales, investigadores, ciudadanos en general…), evitando los “y tú más” y abriendo los ojos para saber reconocer las cosas que no han funcionado y buscar vías de mejora.