Estos días he tenido ocasión de participar en un animado debate, en el seno de un grupo de Telegram donde hablamos sobre los problemas (y soluciones) del mundo rural en general.  El debate en cuestión giraba en torno a los impuestos, y si éstos servían (o no) como incentivo para luchar contra la despoblación, o al revés, si la actual política fiscal que se aplica en España es más bien contraproducente o lesiva para el mundo rural.

Alegaban algunos que no es justo que la gente que vive en los pueblos termine pagando los mismos impuestos que quienes viven en las ciudades, siendo que los servicios públicos que reciben son, en general, más lejanos y de peor calidad (léase hospitales, consultorios médicos, atención a la dependencia, escuelas o institutos…).  Igualmente, indicaban que estar sujetos a los mismos impuestos que la ciudad desincentiva los negocios locales de los pueblos, ya que éstos cuentan con un volumen de mercado mucho menor, y por tanto menores ingresos.

Este discurso está muy presente, no sólo en un modesto grupo de Telegram, sino en numerosos foros políticos y sociales, y en los medios de comunicación de las zonas despobladas. Personalmente, creo que se trata de un discurso muy simplista, que mezcla aspectos diferentes de las políticas públicas, y que además contiene tintes que podríamos calificar de reaccionarios.  Veamos un poco.

1. En primer lugar, este discurso confunde impuestos con tasas o precios públicos. Los impuestos (sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre sucesiones, de sociedades, de vehículos…) son aportaciones que hacen los particulares/empresas al erario público, en función de su renta o de su capacidad económica, y con independencia del uso que hagan de los servicios públicos.  No se trata de una tasa o un precio público, que sí se paga a cambio de un servicio concreto que puede ser objeto de queja o mejora: “yo pago una tasa por el servicio de agua o de recogida de basuras, pero sólo me recogen la basura una vez a la semana”, por ejemplo.
2. En segundo lugar, vuelve al famoso -y tan denunciado por mi parte- discurso victimista, que da a entender que los servicios públicos de los pueblos son siempre peores que los de la ciudad. La verdad, no sé qué es peor: si desplazarse cincuenta kilómetros para ir a un centro de salud o a un hospital comarcal de talla humana, o tardar media hora en taxi por la ciudad para que te dejen en los pasillos de unas Urgencias atestadas de un gran hospital…y no tengo claro que cuestiones como la atención a la dependencia o la educación sean peores, en términos de calidad, que los recibidos en la ciudad: los profesionales públicos están igual de cualificados (o más), y los medios materiales, si hay una apuesta por  el servicio, pueden ser igualmente válidos.  Es decir, se trata de una cuestión de prioridades políticas y de gasto, no de impuestos.
3. Esto nos lleva al tercer punto, los diferentes tipos de políticas públicas a aplicar en el medio rural. Si los servicios públicos son deficientes, es una cuestión de prioridades de gobierno, y una cuestión de exigencia desde la ciudadanía, pero no una cuestión de “rebeldía fiscal”. Hay que mejorarlos, ampliarlos, modernizarlos y -muy importante- adaptarlos a la realidad de un medio rural despoblado y envejecido (lo cual implica no copiar siempre miméticamente los modelos urbanos).
4. Igualmente, tampoco tengo claro que las empresas de los pueblos sufran una especial carga fiscal: su impuesto de sociedades o su IAE están simplemente vinculados a su cifra de negocio y a su relación ingresos/gastos, como cualquier otra empresa; de modo que una empresa que gana mucho pagará más impuestos que otra que gane menos, sin más (y como debe ser). Por otra parte, lo habitual es que otros impuestos (IBI) o las licencias de actividad sean mucho (o muchísimo) más baratos en los pueblos que en las ciudades (llegando incluso al famoso “dumping fiscal” del que hemos hablado en ocasiones).  Y si hablamos del tamaño del mercado, es verdad que en un pueblo es más pequeño, pero también la competencia es menor y el mercado más cautivo (cuántas tiendas o negocios de los pueblos subsisten porque la gente mayor no tiene otro sitio al que acudir y compran siempre ahí…).
5. Y respecto a las famosas cuotas de autónomos, es verdad que podrían modularse -tanto en los pueblos como en la ciudad-, pero siempre he pensado que esto es más bien una cuestión de volumen de negocio: si se factura mil euros al mes, los 264 euros mensuales de la seguridad social de autónomos son una carga insoportable…pero es que con mil euros al mes difícilmente se hace frente a cualquier otro gasto del negocio (luz, alquileres, gasoil, materiales…), y menos aún se vive después de eso. En cambio, si se facturan diez mil euros al mes, la cuota de autónomos pasa desapercibida…Un dato significativo es que, en las provincias despobladas, las cifras de autónomos eran muy altas en momentos de bonanza económica -y, por tanto, de facturaciones elevadas-, lo cual demostraría esa importancia relativa de la cuota de autónomos respecto al volumen de negocio.

De manera más académica, un reciente estudio de la Universidad de Zaragoza, encargado por la Cátedra de Despoblación y Creatividad que patrocina la Diputación Provincial, analizaba diferentes incentivos fiscales usados en varias Comunidades Autónomas españolas, y también la bibliografía existente sobre experiencias en diferentes países desarrollados (Europa, Norteamérica, Australia…) concluyendo…que no es concluyente, es decir, que no se ha demostrado que los diferentes mecanismos fiscales tengan un efecto claramente positivo en la fijación o atracción de nuevos pobladores, así como que los efectos habían sido en general muy limitados.  A ello había que añadir el coste de oportunidad, es decir, el dinero no percibido por las arcas públicas como consecuencia de la aplicación de esos incentivos; finalmente, el estudio planteaba el uso de otros mecanismos de políticas públicas como fórmulas alternativas.  Y aquí la panoplia es amplísima: subvenciones a activos fijos, cobertura de los servicios públicos, subvenciones al alquiler de vivienda o promoción de la misma, políticas activas de empleo o agentes de desarrollo local, etc.

En definitiva, “a río revuelto, ganancia de pescadores”, y tengo la sensación de que el tema de la despoblación es utilizado interesadamente por algunos -empresarios, particulares, medios, etc.- para alimentar un discurso que tiene mucho de oportunista, y que busca, sencillamente, no pagar impuestos -o pagar los menos posibles-, pero encima vistiendo dicha elusión fiscal de batalla política o incluso de justicia social: a mi juicio, un juego perverso y reaccionario al que, en demasiadas ocasiones, se presta también gente que se dice progresista o de izquierdas.  Tengamos pues, cuidado, al hablar de impuestos y despoblación, y no mezclemos torticeramente conceptos distintos, y mantengamos el debate en sus justos términos.