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En post anteriores, ya hemos señalado la necesidad de poner el foco del desarrollo territorial en variables habitualmente no analizadas, pero que pueden tener una gran importancia. Un caso concreto ha sido el de los bancos.  Hoy hablaremos algo sobre la energía. No pretendemos sentar cátedra, pero sí apuntar algunas reflexiones.

El actual modelo energético está enormemente centralizado: la electricidad se produce en unas pocas grandes centrales, que son propiedad de grandes empresas, y la energía producida se distribuye por una amplia red de líneas, hasta llegar a los usuarios finales, con un precio muy similar, con independencia de dónde se encuentren. Dado que la energía eléctrica es un bien de primera necesidad, y dadas las enormes barreras (legales, no tecnológicas) para producir energía para el autoconsumo, desde las zonas rurales se produce un ingente trasvase de fondos hacia las zonas urbanas, y más concretamente hacia la cuenta de resultados de las grandes empresas.  Y todo ello, mientras se desaprovecha un enorme potencial energético, que permitiría cubrir ampliamente las necesidades del medio rural y además generar empleo y fijar población.  Veámoslo con un ejemplo.

La provincia de Teruel es uno de los territorios más despoblados de la UE (9 hab./Km2.) y cuenta con una de las mayores centrales térmicas de España, la de Andorra, propiedad de Endesa (antigua empresa pública, hoy privatizada y propiedad de Enel); sin embargo, esto no significa que los turolenses tengan más facilidades ni mejor precio para obtener electricidad.

Según datos del Ministerio de Industria, la provincia de Teruel (con 138.932 habitantes) consumió en 2014 857.449 Mwh., y pagó por ello 112.839.410 euros.  En general, la práctica totalidad de esta factura fue cobrada por Endesa, ya que, de acuerdo con el reparto oligopolístico del mercado eléctrico existente en España, esta empresa sigue siendo casi el único suministrador y comercializador en esta provincia.  Podemos decir que la provincia de  Teruel pagó a Endesa casi 113 millones de euros por su factura eléctrica (procedente de cualquier punto de la red eléctrica española).

Contrastemos estos datos con las posibilidades del territorio para las energías renovables: en el caso de la biomasa forestal residual, el potencial de Teruel se ha calculado en torno a 5.449.252 toneladas; con el precio actual de las leñas para combustible (unos 120 euros/tonelada), hablamos de un recurso potencial de más de 650 millones de euros.  Por supuesto, hay muchos elementos que ajustar en esta aproximación: la desigual distribución de la biomasa, su diferente calidad y capacidad calorífica, la tasa de renovación del recurso, el coste de extracción y explotación, la tecnología utilizada y la eficiencia del proceso de conversión, los cambios en la coyuntura de precios…del mismo modo, habría que añadir recursos procedentes de la actividad agropecuaria y no contabilizados aquí (podas, rastrojo, residuos ganaderos…).  En todo caso, nos sirve para evaluar que, grosso modo, el potencial energético de la biomasa en Teruel tendría un valor 6 veces superior a lo que paga este territorio por comprar la energía eléctrica a grandes empresas.  No hablamos aquí del enorme potencial solar de Teruel, debido a la gran altitud media, con muy pocas nieblas, pocas nubes y abundantes horas de luz. Si el lugar es adecuado para la instalación de un observatorio astronómico como el CEFCA, igual o más lo será para la producción energética solar.

Unas magnitudes sin duda mayores serían arrojadas por la energía eólica: de acuerdo con estimaciones del Gobierno de Aragón, Teruel podría aprovechar de manera viable (técnica, ambiental y económicamente) unos 1200 MW de energía eólica. Lo que sucede es que la energía eólica es explotada actualmente en forma de grandes parques, muy intensivos en capital, que generan electricidad que se evacúa a grandes distancias, reproduciendo el modelo de gestión de las grandes centrales térmicas y nucleares.  Por tanto, no contribuye al modelo de generación distribuida necesario en el medio rural: autosuficiencia energética, balance neto, y cese del drenaje de fondos desde las zonas rurales a las urbanas.

Un modelo renovable distribuido sería muy útil en la lucha contra el cambio climático. Si, además, tenemos en cuenta que gran parte de las propiedades forestales son municipales o comunales, vemos igualmente la capacidad de redistribución de los ingresos y de emancipación social y económica, de un modelo como el planteado.

Como sabemos, la actual política energética española va justamente en la dirección contraria, penalizando el autoconsumo y el balance neto, y haciendo imposible la pequeña producción renovable, y blindando al mismo tiempo la facturación del oligopolio eléctrico.  Es un caso claro de cómo una determinada legislación sectorial puede tener un efecto muy concreto sobre el territorio, agudizando las diferencias entre el medio rural y el urbano.  Y sin embargo, llama la atención que casi nadie señale este hecho: sin ir más lejos, el Senado español, órgano estatal que puede legislar en materia de energía, no incluyó nada sobre el tema en su lista de 50 medidas para luchar contra la despoblación.

Como en el caso de la banca, el debate sobre la despoblación y el desarrollo rural debería incluir también estos temas que conforman la “estructura”, el “alma” de la economía y del modelo productivo, para ir al corazón de las grandes cuestiones y no limitarnos a cuidados paliativos o a operaciones de estética.