Recientemente, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado su informe titulado “Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural: la optimización de los recursos empleados puede ser mucho mayor”. El título es significativo, y está en la línea de otros informes y noticias de los que nos hemos hecho eco en diferentes post.

El Informe pretendía contestar a la siguiente pregunta: ¿Han logrado los Estados Miembros y la Comisión optimizar los 13.000.- millones de euros destinados a inversiones en infraestructuras rurales en el periodo 2007-2013, que representan más de 19.000 millones de euros de dinero público para este fin?  Para ello, el Tribunal evaluó la justificación de la necesidad de financiar la infraestructura rural con fondos de la UE y de su coordinación con otros fondos. Asimismo, se analizaron en mayor profundidad varios aspectos clave: los criterios de selección, los controles de la moderación de los precios, los requisitos de sostenibilidad y la puntualidad de los procesos administrativos. En tercer lugar, el Tribunal valoró además si los resultados de las medidas se habían sometido a un seguimiento y a una evaluación adecuados para detectar posibles problemas y reaccionar adecuadamente.

En cuanto a los tipos de proyecto, la fiscalización se centró en carreteras rurales, infraestructuras de gestión de aguas e infraestructuras socioculturales, pues estas son las principales categorías de proyectos financiadas en virtud de las medidas en cuestión.

Algunas de las principales conclusiones del informe son:

• No siempre se justifica el por qué se usan los fondos FEADER y no otros, o por qué se financia con un porcentaje tan alto (normalmente más del 70%), ni por qué los usuarios finales no participan más activamente en la financiación (Ej., comunidades de regantes o usuarios del agua, vía aumento de las tarifas). Por tanto, muchas veces los fondos europeos terminan siendo el fondo principal o único para financiar una obra, cuando debería ser complementario y subsidiario.
• A la inversa, tampoco está claro si se produjo el llamado “efecto de peso muerto”, es decir, que se termine financiando una obra que igualmente se hubiera ejecutado, aunque no hubiese contado con la subvención del PDR. Lo cual es otra deseconomía.  En general, no se controla si los beneficiarios directos de la inversión tienen capacidad para cofinanciar dicha obra, lo cual hace que muchas veces el dinero no se dé a quien / a donde más se necesita, mientras se “sobrefinancia” a quien puede.
• No ha habido una adecuada coordinación de fondos, tanto estatales como europeos, lo que ha dado lugar a solapamientos y duplicidades. Muchas veces la “complementariedad” ha sido contemplada únicamente como la prohibición de la doble financiación comunitaria, sin tener en cuenta variables mucho más amplias.  Por ejemplo, en la construcción de una escuela se usaron los fondos del PDR para el mismo fin que los fondos nacionales (sustituir ventanas): eso no es complementariedad, sino simplemente cambiar de fondo/fuente, según disponibilidad.
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• Los fondos no siempre se asignaron a los proyectos con mejor relación coste-eficacia. Como tal relación se entiende la mayor capacidad de un proyecto para atender los objetivos y metas del PDR por unidad de coste.  Pero es que, mayoritariamente, dicha relación coste-eficacia no se mide nunca…
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• No se tomaron medidas expresas ni para garantizar la moderación de costes (sin “modificados” ni “sorpresas”), ni para cumplir los calendarios de ejecución –lo cual ha dado lugar a un bajo nivel de ejecución-, ni para verificar la sostenibilidad de las inversiones durante su vida útil. En este sentido, el párrafo dedicado a una comunidad autónoma española puede resultar familiar a muchos de nuestros lectores:

La administración regional gestionó directamente proyectos que representaban el 73 % (49 de 67 millones de euros) de los fondos gastados en las medidas de infraestructura 125 y 323. La autoridad de gestión recabó propuestas de proyecto (preparadas por su propia iniciativa o a raíz de propuestas informales de municipios) y posteriormente aprobó proyectos de manera no transparente ni verificable. El procedimiento de selección no se basaba en criterios de selección específicos ni tuvo como resultado la jerarquización de los proyectos.

• Igualmente, el elevado porcentaje de cofinanciación desincentiva a los beneficiarios (públicos o privados) para arbitrar una moderación de costes: los precios de referencia proporcionados por las constructoras se consideran un medio muy débil para dicha moderación; el uso de empresas públicas para la contratación de estas obras dificulta aún más el control de costes. Nuevamente un caso bien conocido en España:

La autoridad de gestión decidió arbitrariamente adjudicar a una empresa estatal contratos por valor del 18 % (unos 14 millones de euros) de la dotación asignada, justificándolo por razones de «urgencia» de las obras, «especificidad y el tipo de obra» y «confidencialidad», pero no pudo aportar prueba alguna de dichas justificaciones.

• Ninguno de los Estados miembros fiscalizados exigió a los beneficiarios la presentación de un plan de man­tenimiento detallado en el que se establecieran los requisitos y los costes de mantenimiento ordinarios y ex­traordinarios. Tampoco se exigió a los beneficiarios que asignaran fondos para mantenimiento ni que indicaran las fuentes de financiación que iban emplear.
• La fiscalización puso de manifiesto que los Estados miembros no recababan información fiable sobre si los proyectos lograban alcanzar tanto los objetivos del PDR como los específicos de los proyectos. Ello se debe principalmente a que no se fijan indicadores pertinen­tes y a la ausencia de objetivos y metas específicos en la solicitud y en la de­cisión de concesión de la subvención. En definitiva, no hay evaluación ni antes ni después de aplicar los fondos. Un ejemplo típico es el indicador «población de las zonas rurales beneficiaria de la mejora de los servicios», para el que los Estados miembros comunican el total de habitantes del municipio en el que se ejecutaba el proyecto sin tener en cuenta si eran todos usuarios de la infraestructura financiada (son los ancianos que habitan nuestros pueblos de Teruel “beneficiarios” de los polideportivos financiados por la Diputación Provincial con fondos FEADER…?).

Todas estas conclusiones han puesto sobre la mesa muchas tareas pendientes en los Estados miembros. En el caso de un Estado descentralizado como España, cabe pensar en la necesaria coordinación Estado-CC.AA.-Diputaciones-Comarcas o Mancomunidades-Ayuntamientos.   Hay que pensar en objetivos y metas cuantificables y verificables, en un esfuerzo de diseño de medidas y proyectos y un esfuerzo de evaluación. Y todo eso se resume también en la palabra “transparencia” (tan en boga hoy en día y más bien aplicada para azuzar el morbo sobre los sueldos y propiedades de unos y otros, en lugar de fijarse en el mejor destino de millones de euros). Y todo eso entra sobre todo en el “debe” de la Administración, porque cuando se concluye que la misma es la principal incumplidora de los procedimientos y normas que debería ser la primera en cumplir, es que algo va bastante mal…Y mientras tanto, millones y millones de euros que han llegado y siguen llegando a nuestras zonas rurales, sin que se perciba un mejor futuro para las mismas.