El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de publicar su informe “Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles son sus causas y cómo se están abordando?”.  Como otros informes emitidos por esta institución, resulta aleccionador por los datos aportados y de cara al futuro.  El Informe se centra en las políticas de desarrollo rural de los 28 Estados Miembros durante el periodo 2007-2013, a través de una muestra aleatoria de 461 expedientes.  Algunas conclusiones son:

• El gasto de la UE y los Estados miembros cofinanciantes, en desarrollo rural, fue de 150.000 millones de euros en el periodo mencionado.  De esta cantidad, el 8,2% estuvo sujeto a errores; es decir, 12.000 millones de euros se tramitaron o gestionaron de manera errónea; es una cifra muy grande en términos absolutos, y muy por encima del “umbral de tolerancia” del Tribunal, que se sitúa en el 2%.
• Los principales incumplimientos relacionados con contratación pública (la octava parte del total, 1537 millones de euros) fueron: las adjudicaciones directas injustificadas sin un procedimiento de licitación, la mala aplicación de los criterios de selección y adjudicación o la falta de igualdad de trato de los licitadores. La falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación pública y la preferencia por trabajar con determinados proveedores son las principales explicaciones para estas situaciones.
• Las ayudas por superficie generaron un tercio de los errores (4100 millones de euros), sobre todo por incumplimiento de los compromisos por parte de los agricultores (hablamos de medidas agroambientales, sobre todo). Esto fue a su vez causado por falta de incentivos, escaso control y escasas sanciones.
• La complejidad de la normativa existente contribuye a esta abundancia de errores, y hay que simplificarla, dentro de las necesarias garantías de control del gasto.
• El Tribunal requiere a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento minucioso de los Planes de Desarrollo Rural.

Asimismo, el Tribunal señala que debe mejorarse el régimen de apoyo a la transformación de productos agrícolas, y hace para ello un llamamiento a la solidaridad, al señalar, entre otras cosas:

• Asegurar que las ayudas llegan a quien las necesita para la inversión, y no a quien haría la inversión de todas maneras porque tiene medios para ello.
• Reducir el techo de  ayudas, para hacerlas más accesibles a los pequeños agricultores y no favorecer tan claramente como ahora a las grandes corporaciones (que son las que tienen capacidad para cofinanciar).
• Dirigirse preferentemente a los agricultores que viven de ello, y no a las empresas sin actividad agrícola.