El Fondo Social Europeo (FSE) es el Fondo que permite dotar buena parte de nuestras políticas activas de empleo.  De este Fondo se nutren las Escuelas taller, talleres de empleo, Agentes de Desarrollo Local…y también gran parte de los famosos “cursos de formación” que periódicamente se asoman a los medios de comunicación, por los casos de corrupción y apropiación indebida asociados a los mismos. Estos días, por ejemplo, se está comentando la participación del presidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid en un presunto fraude que podría alcanzar un montante de 15 millones de euros.  Pero estos ejemplos, que los hay, no pueden en modo alguno poner en tela de juicio la validez de un fondo esencial para la cohesión social en Europa.

Por eso mismo, estamos asistiendo en la actualidad a una creciente demanda de diferentes actores sociales e institucionales, para gestionar parte de este Fondo y/o para tener un mayor protagonismo en la definición e implementación de políticas sociales.  Este fenómeno está surgiendo desde lo local, y responde a dos criterios: por un lado, la evidente carencia de fondos ordinarios en todas las entidades de carácter local (que obliga a  buscar nuevas vías de financiación), y por otro, la evidencia de que desde lo local se responde con mayor precisión, mayor eficiencia y menor coste a las necesidades del tejido social, siendo capaces de generar empleo, de fijar población, de reducir desigualdades, y de implicar a la ciudadanía, de modo mucho más efectivo.

Simplemente dos ejemplos:

1. A raíz de la distribución inicial de los fondos del FEADER para el Desarrollo Rural en las diferentes CC.AA., hay una creciente demanda por parte de los Grupos de Acción Local (los grupos LEADER) para complementar sus partidas mediante el FSE, con el doble objetivo antes señalado: “redondear” un cuadro financiero que de otro modo se prevé absolutamente exiguo para las necesidades y posibilidades existentes, y poner el foco en el componente social del desarrollo rural, implicando a todo tipo de colectivos, favoreciendo su inserción, y contribuyendo así al gran objetivo de un crecimiento inclusivo, establecido como uno de los pilares de la Estrategia Europa 2020.
2. Del mismo modo, y hace apenas unos días, el foro de asuntos sociales de EUROCITIES, que agrupa a 140 grandes ciudades europeas y que se reunió en Barcelona, aprobó una declaración conjunta en la que pide a la Comisión Europea y a los Estados Miembros de la UE que reconozcan el papel fundamental de las ciudades en la aplicación de las políticas de inclusión, integración y cohesión social.  De hecho, los representantes de estas ciudades han saludado la llegada del nuevo “Paquete social” de la UE, pero ya advirtieron que su éxito dependerá de que las ciudades europeas estén implicadas en su aplicación.

Por lo que vemos, tanto desde el mundo rural como desde el urbano, se refuerza la necesidad de una “relocalización” del Fondo Social Europeo, que no responde (sólo) a una necesidad de financiación, sino a una conciencia de lo local como motor de desarrollo e innovación social.