La semana pasada ha tenido lugar en Barcelona el Congreso Europeo de Custodia del Territorio, y las jornadas del Foro Estatal de Redes de Custodia del Territorio.  El primer evento en el marco del proyecto europeo de comunicación LANDLIFE, y el segundo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Ambos eventos han servido para evaluar el estado de este instrumento de conservación ambiental en la UE y en España, las oportunidades que ofrece y los retos a los que se enfrenta.

La custodia del territorio nació en los países anglosajones, y se define como la participación activa de los propietarios privados de fincas y tierras en la conservación de los valores ambientales del territorio, mediante acuerdos formales con terceros, las llamadas “entidades de custodia” (típicamente, ONGs de índole ambiental y/o social).  De esta forma, se complementan los mecanismos de protección o de control que pueda ejercer y disponer la administración, y se busca también una superación conceptual del manido debate o conflicto entre medio ambiente y “desarrollo”.

Como cabe suponer, la fortaleza de la custodia del territorio como instrumento de protección ambiental está en relación directa con la cantidad y calidad del tejido social y de la “sociedad civil”. Esto supone uno de los grandes retos de la custodia, especialmente en regiones despobladas como el Aragón rural, o grandes zonas del interior peninsular,  donde coinciden grandes valores ambientales que hay que proteger, con un desierto demográfico que es también un desierto social.

Entre las conclusiones e impresiones de las jornadas, cabe señalar:

• El papel que puede jugar la custodia del territorio a la hora de manejar y promover los espacios Natura 2000.
• El fracaso que ha supuesto, en líneas generales, la última reforma de la PAC, de cara a los objetivos de conservación.
• A pesar de ello, la oportunidad que representa  la obligatoriedad de reservar el 5% de la superficie cultivable para la creación de infraestructuras ecológicas, que deben ser planificadas y organizadas de una manera coherente.
• La necesidad de dotarse de indicadores de resultados y de desempeño del instrumento de custodia: precisos, transparentes, transferibles y mensurables.
• La necesidad de evitar que el concepto “custodia del territorio” se termine convirtiendo en un concepto comodín, bajo el cual incluir cualquier tipo de acción de conservación o mantenimiento del medio natural, desvirtuando su contenido, sentido y valor.
• La importancia de las infraestructuras verdes y la oportunidad de ubicar los pequeños proyectos locales en el marco de grandes macroproyectos de conservación que les doten de coherencia y objetivos comunes, y faciliten la gestión del día a día.
• La necesidad de avanzar en la metodología PSA (Pago por Servicios Ambientales) como forma de revertir de manera justa al medio rural los beneficios que aporta a la sociedad en su conjunto, sin “limosnas subvencionadas”.
• La necesidad de entender la custodia del territorio también como un instrumento de desarrollo local, y no sólo como un instrumento de conservación de la naturaleza, emanado desde una perspectiva “afectiva” y más bien “urbanita”.

En Aragón, la Red Aragonesa de Custodia del Territorio inició su andadura en mayo de 2014, a iniciativa de ADEMA (Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo), y está elaborando en estos momentos las líneas directrices para los próximos años, que estarán sin duda unidas a las políticas de Desarrollo Rural y a la orientación ambiental de los fondos europeos del periodo 2014-2020.