La política ambiental de la UE viene profundizando en los conceptos de “capital natural” y “servicios ecosistémicos” desde hace ya varios años. El documento “Estrategia biodiversidad en Europa 2020“, marcaba ya líneas claras en este sentido. Muy resumidamente, se refiere al valor económico de los servicios que presta la naturaleza a la sociedad en su conjunto, como base para su mantenimiento e incluso para la incorporación del capital privado a dicho mantenimiento.
Si bien es verdad que equiparar “naturaleza y dinero” es muy discutible (desde el punto de vista ideológico y ético, pero también metodológico), por otra parte puede resultar un enfoque muy útil desde una perspectiva de desarrollo rural: es decir, las zonas rurales son proveedoras de servicios a la sociedad (agua y aire limpios, mantenimiento del suelo y lucha contra la erosión… ) que no son valorados, y por los que nadie paga, o al menos paga de manera directa a los proveedores de servicios.
Una adecuada valoración y el subsiguiente pago de dichos servicios podría abrir nuevas oportunidades de futuro para las zonas rurales, haciéndolas a su vez menos dependientes de subvenciones, ayudas u otros mecanismos de iniciativa más o menos política y de carácter más o menos “gracioso”. En definitiva, se trataría de sustituir las “limosnas” por “el justo reembolso”, e ir superando el falso y manido debate entre “medio ambiente” y “desarrollo”.
Obviamente, y como decimos, el reto no es sólo ideológico y político, sino también metodológico. Para comenzar a afrontarlo, la Unión Europea ya habilitó en el nuevo periodo de programación 2014-2020, y con carácter piloto, el Mecanismo de Financiación del Capital Natural (NCFF, por sus siglas en inglés), de manera conjunta entre la Comisión (Unidad LIFE) y el Banco Europeo de Inversiones, con objeto de financiar unas primeras iniciativas en este ámbito; de dicho Mecanismo ya nos hemos hecho eco en post anteriores.
En el plano metodológico, la UE promovió el Consorcio Opennes-project (Operacionalización del Capital Natural y los Servicios de los. Ecosistemas), proyecto de investigación donde participan 22 entidades de varios países europeos, con el objetivo de facilitar la puesta en práctica de este enfoque. Su trabajo incluye la elaboración de “estudios de caso”, herramientas y recomendaciones de carácter práctico para todos los actores de la política ambiental. En su página web pueden verse una serie de casos ilustrativos; el entorno del Parque Nacional de Doñana o las áreas naturales que rodean la ciudad de Barcelona son ejemplos estudiados en el Estado español.
Pingback: ¿En el siglo XXI o en el XIX? | Mi Ciudad