Las nuevas guerras del medio rural (II)

Hace unas semanas escribía cómo la desordenada y atropellada transición energética y digital que estamos viviendo tiene consecuencias negativas para el medio rural más despoblado.  Hablábamos de la especulación en torno a mega-proyectos eólicos y fotovoltaicos, y también hablábamos de la posible guerra por el agua que podría darse en el caso de una generalización de la producción de hidrógeno a partir del agua, mediante electrolisis.  Hoy vamos a entrar en otro ámbito.

Me refiero a las luchas sociales relacionadas con las materias primas, y más concretamente, las llamadas “materias primas críticas”.  Esto podemos verlo con un ejemplo: sustituir una central térmica como la de Andorra (de unos 1000 MW de potencia) requiere, hoy por hoy, entre 200 y 1000 aerogeneradores de dimensiones gigantescas.  El primer recurso que desaparece, obviamente, es el suelo: necesitamos cientos de hectáreas para instalarlos, desmontes y terraplenes brutales, pistas que son verdaderos hachazos en el terreno…Pero el segundo recurso es la cantidad ingente de materiales que necesitamos.  Como señala la profesora Alicia Valero, construir 1000 MW de potencia instalada mediante 1000 aerogeneradores de 1 MW “implica el uso de unas 160.000 toneladas de acero, 2000 de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio para su fabricación”.  De manera más general, lo que nos encontramos es que estas tecnologías necesitan una gran cantidad de materiales, y muchos de ellos escasos en la naturaleza (“tierras raras”) y concentrados geográficamente en unos pocos lugares: la suma de estos factores es lo que les da el carácter “crítico”.

Como muchas de estas materias primas están en países “conflictivos” (o más bien el conflicto se genera precisamente porque están las materias primas), la UE está buscando y promoviendo su explotación dentro del territorio de la Unión.  Un borrador de informe del Parlamento Europeo que se está debatiendo actualmente aboga por que “el potencial de abastecimiento con altos estándares sostenibles por parte de la UE y sus vecinos sea aprovechado plena y rápidamente”.  Igualmente, ese informe y otros documentos pide “(…) a todos los agentes que propicien que la población acepte los proyectos de abastecimiento responsable de materias primas fundamentales dentro de la Unión”.  En definitiva, que estos materiales son necesarios, que es mejor extraerlos en la UE (con ciertos niveles de control medioambiental y socio-laboral), y que hay que convencer a la gente (sobre todo, de las zonas rurales) de que estos proyectos son buenos.

En Europa, el caso más evidente se está viviendo en Extremadura y la raya con Portugal, territorio que ha resultado tener cierta riqueza en litio (esencial en las baterías para la movilidad eléctrica), y parece que también en coltán, en uranio (Retortillo) y tierras raras.  Allí se ha movilizado la gente para defender sus pueblos y su capital (Cáceres), y ha surgido todo un debate social en torno al tema, que tiene lugar precisamente en una de las zonas históricamente más atrasadas de la Península Ibérica, con menor renta per cápita, mayor tasa de paro, y peores registros en la mayoría de indicadores de progreso socioeconómico.

Ante esto, uno no puede por menos que acordarse de aquellas imágenes de los westerns, con los cowboys y el ejército yanqui quedándose con las tierras de los indios a cambio de mantas, collares de vidrio y botellas de whisky… A su vez, tampoco parece claro que la posición de las zonas rurales pudiera limitarse a un mero efecto “nimby” (not in my backyard, no en mi patio trasero): es decir, la pura oposición a que un proyecto con negativas consecuencias ambientales se haga en nuestra comarca, y la hagan en la del vecino, o en un tercer país, para no ver el desastre… ¿existe algún punto de encuentro? ¿Son estos proyectos salvadores, o saqueadores, o nada de eso…?

Una primera cuestión (mucho más de fondo, en realidad) es si es viable intentar, sencillamente, trasladar miméticamente el modelo tradicional centralizado de las energías no renovables (grandes centrales térmicas o nucleares) a las energías renovables; es decir, si el modelo de los grandes parques eólicos o fotovoltaicos intensivos en capital y tecnología y propiedad de grandes empresas es el mejor modelo (desde el punto de vista económico, ambiental, tecnológico, social…) para explotar los recursos renovables y hacer frente a la urgencia climática.  Si mecanismos como la generación distribuida, las comunidades energéticas, el mix de renovables a escala local o incluso inferior, no pueden y deben ser una alternativa menos invasiva y mucho más promovida (en este sentido, recuerdo que Jeremy Rifkin, en su libro sobre la economía del hidrógeno, hablaba ya en 2002 -hace veinte años- de la Worldwide Energy Web, similar a la www de Internet donde todos somos productores y consumidores de información).

Esta cuestión enlaza con otra, también de fondo: la necesaria planificación de la demanda. Quienes hacen negocio “ofertando” energía están interesados en producir cuanta más energía, mejor, para aprovechar sus economías de escala, sin tener en cuenta si realmente es necesaria toda esa energía.  Si podemos vivir con menos, o con menos a según qué horas, o si es necesario o deseable (o sencillamente posible) sustituir todos nuestros coches privados con motor de explosión por otros con batería eléctrica, pero sin solucionar muchos de los problemas derivados de la sacralización de la movilidad individual…

Suponiendo que hubiéramos ya planificado la demanda, tendríamos que planificar la oferta, cosa que tampoco se hace: sobre las mesas de los gobiernos autonómicos se amontonan las solicitudes de permisos de investigación minera.  En España, la explotación de los recursos mineros sigue regulada por la predemocrática Ley de 1973; no son raros los casos de corrupción en el seno de la administración, y en general la falta de transparencia es una práctica común en el mundo minero (y también en el de las aguas, superficiales o subterráneas).  Todo ello contribuye a aumentar las suspicacias de la población local en torno a estos asuntos, y a no tener confianza en los procesos administrativos que, se supone, deberían ser los garantes de una toma de decisiones acorde con el mejor interés público.

Estos proyectos, además, constituyen fuentes terribles de división social.  En muchos territorios, nos encontramos pueblos o incluso familias divididas entre defensores y detractores del proyecto, entre quienes quieren mantener su paisaje, su modo de vida, su explotación agraria o ganadera, y quienes ven en ello rémoras de un pasado improductivo y que no hizo sino llevar a la despoblación.  Entre quienes ven un futuro de fábrica y empleo y otros que ven residuos, desmontes y escombreras.  Y siempre hay quienes azuzan esa división y ganan con ella.

Para más inri, muchos de estos proyectos surgen en territorios incluidos en la Red Natura 2000 o con algún grado de protección natural.  Por un lado, es curioso que, desde las instituciones públicas y con dinero público se dediquen a promover proyectos mineros que terminarán destruyendo entornos previamente protegidos (y muchas veces financiados) por lo público.  Pero, por otro lado (y esto lo hemos comentado más de una vez), el surgimiento de estos proyectos mineros y el debate social que generan ponen a los territorios ante el espejo de su modelo de desarrollo, ante la injusticia o, al menos, la inadecuación en la distribución del dinero de la PAC, en la falta de recursos sustanciosos y diferenciados para las zonas naturales protegidas, de modo que quien viva en ellas pueda entenderlo de verdad como una oportunidad, y no como una “putada” por llenarse de limitaciones y no recibir nada…  Por eso, como hemos escrito, se reciben tantas veces estos proyectos con los brazos abiertos.

En el caso de que hubiera proyectos viables, tramitados de manera transparente, sería necesario poner nuevos mecanismos de gobernanza, control y justo reembolso a los territorios.  Igual que se habla (solo se habla), de “transición justa”, debería hablarse también de “minería justa”, donde autoridades regionales y locales, sociedad civil organizada, grupos ecologistas o ambientalistas y el mundo científico supervisaran, en pie de igualdad y más allá del mero cumplimiento legal, el día a día de la gestión y explotación de esos recursos, la adecuada recuperación ambiental, las condiciones de trabajo o el pago de compensaciones justas a ayuntamientos y particulares.  Todo un esfuerzo de transparencia y democratización del mundo minero que todavía está por realizar.

La puntilla de esta guerra es que, después de librarse, no sirva para nada.  Que no sirva para nada porque, sencillamente, no haya material suficiente para atender una demanda artificialmente inflada e insostenible.  O porque los costes de extracción sean tan altos que no se puedan asumir (o simplemente se explote la mano de obra y el medio ambiente de terceros países a precio de saldo).  O porque quien tiene el permiso de explotación lo quiera vender a un tercero y éste no esté dispuesto a comprarlo…  En medio, estarán las gentes de los pueblos, sus paisajes y sus modos de vida.  Normalmente, meros figurantes en esta tragicomedia de la explotación, cuyo decorado final pueda ser escombreras, aguas contaminadas y esqueletos de fábricas nonatas.

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