Estos días, una serie de plataformas y foros de la “España vaciada”, capitaneadas por “Teruel existe”, han presentado en el Congreso de los Diputados una “batería de medidas para revertir la despoblación”. Dicha batería está, al parecer, sustentada en numerosos estudios, paneles, expertos y demás. Lo llamativo es que, con toda ese respaldo, la idea “estrella” de la propuesta sea algo tan manido como bajar impuestos, en una curiosa mezcla de “rebeldía fiscal”, curva de Laffer y reacción.

Reconozco que cada vez llevo peor estos llamamientos a no pagar impuestos. Es evidente que el discurso de algunas comunidades autónomas muy concretas (que por otra parte practican descaradamente el dumping fiscal y ofrecen unos pésimos servicios públicos a jóvenes, enfermos y mayores) ha calado en el imaginario de mucha gente y muchos territorios, empeñados en tener autovías ¡¡a 30 kilómetros de cualquier pueblo!!, banda ancha a 100 Mbps (yo vivo en Bruselas y llevo un año teletrabajo desde mi casa a 50-55 Mbps, sin ningún problema), médicos, hospitales, colegios para dos niños…pero pagados con los impuestos de otros. Me imagino la sonrisa del “ricachón de pueblo”, con tierras, dinero en las cartillas, con piso en la capital, cobrando ayudas de la PAC por unos derechos adquiridos hace veinte años…cuando estas plataformas piden que se le desgrave por vivir en un pueblo…

No soy el único en mostrar mis reticencias; también algunos medios han editorializado sobre el tema, mostrando su preocupación porque cale en las zonas rurales un discurso de “rebeldía fiscal” básicamente insolidario y, además, inadecuado para el objetivo que se plantea. Y sobre esta cuestión de los impuestos, aunque no me gusta repetirme, quiero compartir con los lectores un post que ya publiqué hace dos años y medio: cómo pasa el tiempo…y qué poco aprendemos.

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Alegan algunos que no es justo que la gente que vive en los pueblos termine pagando los mismos impuestos que quienes viven en las ciudades, siendo que los servicios públicos que reciben son, en general, más lejanos y de peor calidad (léase hospitales, consultorios médicos, atención a la dependencia, escuelas o institutos…).  Igualmente, se dice que estar sujetos a los mismos impuestos que la ciudad desincentiva los negocios locales de los pueblos, ya que éstos cuentan con un volumen de mercado mucho menor, y por tanto menores ingresos.

Este discurso está muy presente en numerosos foros políticos y sociales, y en los medios de comunicación de las zonas despobladas. Personalmente, creo que se trata de un discurso muy simplista, que mezcla aspectos diferentes de las políticas públicas, y que además contiene tintes que podríamos calificar de reaccionarios.  Veamos un poco.

1. En primer lugar, este discurso confunde impuestos con tasas o precios públicos. Los impuestos (sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre sucesiones, de sociedades, de vehículos…) son aportaciones que hacen los particulares/empresas al erario público, en función de su renta o de su capacidad económica, y con independencia del uso que hagan de los servicios públicos.  No se trata de una tasa o un precio público, que sí se paga a cambio de un servicio concreto que puede ser objeto de queja o mejora: “yo pago una tasa por el servicio de agua o de recogida de basuras, pero sólo me recogen la basura una vez a la semana”, por ejemplo.
2. En segundo lugar, vuelve al famoso -y tan denunciado por mi parte- discurso victimista, que da a entender que los servicios públicos de los pueblos son siempre peores que los de la ciudad. La verdad, no sé qué es peor: si desplazarse veine kilómetros para ir a un centro de salud o cincuenta a un hospital comarcal de talla humana, o tardar cuarenta minutos en taxi por la ciudad para que te dejen en los pasillos de unas Urgencias atestadas de un gran hospital…y no tengo claro que cuestiones como la atención a la dependencia o la educación sean peores, en términos de calidad, que los recibidos en la ciudad: los profesionales públicos están igual de cualificados (o más), y los medios materiales, si hay una apuesta por  el servicio, pueden ser igualmente válidos.  Es decir, se trata de una cuestión de prioridades políticas y de gasto, no de impuestos.
3. Esto nos lleva al tercer punto, los diferentes tipos de políticas públicas a aplicar en el medio rural. Si los servicios públicos son deficientes, es una cuestión de prioridades de gobierno, y una cuestión de exigencia desde la ciudadanía, pero no una cuestión de “rebeldía fiscal”. Hay que mejorarlos, ampliarlos, modernizarlos y -muy importante- adaptarlos a la realidad de un medio rural despoblado y envejecido (lo cual implica no copiar siempre miméticamente los modelos urbanos).
4. Igualmente, tampoco tengo claro que las empresas de los pueblos sufran una especial carga fiscal: su impuesto de sociedades o su IAE están simplemente vinculados a su cifra de negocio y a su relación ingresos/gastos, como cualquier otra empresa; de modo que una empresa que gana mucho pagará más impuestos que otra que gane menos, sin más (y como debe ser). Por otra parte, lo habitual es que otros impuestos (IBI) o las licencias de actividad sean mucho (o muchísimo) más baratos en los pueblos que en las ciudades (llegando incluso al famoso “dumping fiscal” del que hemos hablado en ocasiones).  Y si hablamos del tamaño del mercado, es verdad que en un pueblo es más pequeño, pero también la competencia es menor y el mercado más cautivo (cuántas tiendas o negocios de los pueblos subsisten porque la gente mayor no tiene otro sitio al que acudir y compran siempre ahí…). Además, el acceso a locales, naves, suelo industrial, etc… está hoy en día fuertemente subvencionado en muchos pueblos de España, cosa que no ocurre en la mayoría de las grandes ciudades.
5. Y respecto a las famosas cuotas de autónomos, es verdad que podrían modularse -tanto en los pueblos como en la ciudad-, pero siempre he pensado que esto es más bien una cuestión de volumen de negocio: si se factura mil euros al mes, los 264 euros mensuales de la seguridad social de autónomos son una carga insoportable…pero es que con mil euros al mes difícilmente se hace frente a cualquier otro gasto del negocio (luz, alquileres, gasoil, materiales…), y menos aún se vive después de eso. En cambio, si se facturan diez mil euros al mes, la cuota de autónomos pasa desapercibida…Un dato significativo en este sentido es que, en las provincias despobladas, las cifras de autónomos eran muy altas en momentos de bonanza económica -y, por tanto, de facturaciones elevadas-, lo cual demostraría esa importancia relativa de la cuota de autónomos respecto al volumen de negocio.

De manera más académica, un estudio de la Universidad de Zaragoza, encargado por la Cátedra de Despoblación y Creatividad que patrocina la Diputación Provincial, analizaba diferentes incentivos fiscales usados en varias Comunidades Autónomas españolas, y también la bibliografía existente sobre experiencias en diferentes países desarrollados (Europa, Norteamérica, Australia…) concluyendo…que no es concluyente, es decir, que no se ha demostrado que los diferentes mecanismos fiscales tengan un efecto claramente positivo en la fijación o atracción de nuevos pobladores, así como que los efectos habían sido en general muy limitados.  A ello había que añadir el coste de oportunidad, es decir, el dinero no percibido por las arcas públicas como consecuencia de la aplicación de esos incentivos; finalmente, el estudio planteaba el uso de otros mecanismos de políticas públicas como fórmulas alternativas.  Y aquí la panoplia es amplísima: subvenciones a activos fijos, cobertura de los servicios públicos, subvenciones al alquiler de vivienda o promoción de la misma, políticas activas de empleo o agentes de desarrollo local, etc.

En definitiva, “a río revuelto, ganancia de pescadores”, y tengo la sensación de que el tema de la despoblación es utilizado interesadamente por algunos -empresarios, particulares, medios, etc.- para alimentar un discurso que tiene mucho de oportunista, y que busca, sencillamente, no pagar impuestos -o pagar los menos posibles-, pero encima vistiendo dicha elusión fiscal de batalla política o incluso de justicia social: a mi juicio, un juego perverso y reaccionario al que, en demasiadas ocasiones, se presta también gente que se dice progresista o de izquierdas.  Tengamos pues, cuidado, al hablar de impuestos y despoblación, y no mezclemos torticeramente conceptos distintos, y mantengamos el debate en sus justos términos.