Durante este mes de julio, los responsables políticos de la Unión Europea y de sus Estados Miembros han de negociar las características del Fondo de Recuperación, el mecanismo puesto en marcha para trasvasar del orden de 750.000 millones de euros hacia las economías europeas, particularmente aquellas más afectadas por la crisis del Covid19.  Un mecanismo con cifras mareantes, que algunos consideran histórico, como un nuevo Plan Marshall, o como un elemento que puede ser decisivo en el camino de la construcción europea (al estilo del “momento Hamilton” en la historia de los Estados Unidos de América).

Quedan todavía muchos aspectos por concretar, y los medios de comunicación nos hablan de ello: el volumen económico en juego, la distribución entre subvenciones a fondo perdido y préstamos, las condiciones de disciplina presupuestaria o fiscal, el debate norte/sur o entre frugales y meridionales, etc… Todo ello azuzado por los populismos de todo signo en cada país, las desconfianzas y los tópicos.  Tanto se habla de las cantidades y del proceso negociador que parecemos olvidar cuál es el destino de los fondos y, sobre todo y una vez que se acordase, cómo lo gestionaríamos los Estados beneficiarios.

La cuestión no es baladí:  se habla de que España podría recibir 140.446 millones de euros, por el tamaño de su economía y por haber sido ésta duramente golpeada por el Covid19.  ¿Qué haríamos con ese dinero y cómo se distribuiría? ¿Se repartiría entre la Administración general del Estado y las Comunidades autónomas? ¿Con qué criterios? (la distribución del fondo de ayuda estatal por el coronavirus ya ha acarreado discusiones, y es bien conocido que, en general, la financiación autonómica es un debate no cerrado).  Entran aquí criterios como población, envejecimiento, dispersión de la población, paro, caída del empleo, vulnerabilidad de los sectores económicos… pero también habrían de entrar criterios de “ejecución” del gasto, ya que este Fondo ha de destinarse a sentar las bases de un nuevo modelo productivo, un modelo basado en la sostenibilidad ambiental y en la digitalización (la llamada “doble transición”), de acuerdo con las grandes líneas de la Comisión Europea (el “Green Deal”) y su rosario de estrategias sectoriales y adaptaciones legislativas.  Y es aquí donde debemos, tal vez, abandonar el papel de víctimas y asumir un papel más proactivo.

¿Hemos hecho los deberes en España, en Aragón o en Teruel (por hablar de cosas más cercanas), para poder sacar el máximo partido de estos recursos económicos? ¿cómo vamos a usarlos para que tengan el mejor efecto? ¿contamos con una estrategia o planificación de medio y largo plazo que nos permita aplicar los fondos con la mayor eficacia?

Si no, podría pasarnos como cuando toca la lotería en pueblos pequeños o en sitios donde ha habido desgracias: el dinero llega, y se va, gastado en apartamentos en la playa o en la ciudad, coches o viajes, y sin fijar, en general, ni empresas, ni empleo, ni riqueza ni población…  O podría suceder que aquellos territorios más avanzados y que sí cuentan con estrategias claras de innovación puedan beneficiarse de estos fondos, a pesar de necesitarlos menos que otros (es decir, que los fondos contribuyan a ahondar los desequilibrios en lugar de reducirlos).

Haciendo una “cuenta de la vieja” muy simplona, he calculado que el importe del fondo de recuperación podría suponer para la provincia de Teruel, exclusivamente en función de su población, unos 68 millones de euros al año durante el periodo 2021-2027 (insisto, es una cuenta muy simple, pero útil a efectos ilustrativos).  Viene a ser un poco más de los 60 millones de euros anuales que representa el Fondo de Inversiones de Teruel (el FITE).  Por tanto, viene a ser como si en los próximos años, se doblase la dotación del FITE.  ¿Qué haríamos con ello? ¿Quién y cómo seleccionaría proyectos? ¿Cómo se tomarían las decisiones…?

Si aprendemos las lecciones del FITE (pero también de los planes MINER, por ejemplo), vemos que el resultado no es muy halagüeño: los problemas estructurales y de despoblación de la provincia permanecen, el cierre de la central térmica de Andorra ha supuesto un mazazo para la zona (a pesar de estar anunciado desde hacía años), las empresas han venido y han cerrado, los pueblos se siguen vaciando y se siguen financiando granjas de porcino, el paisaje es un solar adecuado para que las grandes empresas eléctricas instalen sus parques eólicos y fotovoltaicos, convirtiendo la provincia en una gran generadora de energía renovable para el resto del país o de Europa, sin que mejoren las condiciones de vida del territorio; los grandes proyectos puestos en marcha con el FITE subsisten muchas veces a base de inyecciones anuales de más dinero público del propio FITE… Y sigue sin haber una normativa transparente y una buena gobernanza de dicho Fondo.

La cuestión es, ¿estamos dispuestos a continuar por el mismo camino con este Fondo de recuperación europeo (o con lo que tenga que venir del Fondo de Transición Justa para las comarcas mineras, que vendría a confluir con los mismos objetivos)?

Modestamente, creo que hay que empezar a ser algo más innovadores en la gestión de estos fondos, y algunas ideas para ello podrían ser:

1. Elaboración de una estrategia participada, que sea capaz de marcar objetivos cuantificables al final del periodo de programación y con hitos intermedios (imprescindible para una adecuada evaluación).
2. Distribución del fondo entre diferentes programas y medidas; la convocatoria de proyectos no puede ser el único ni el preferente mecanismo de asignación de recursos.
3. Reserva de parte de los fondos para iniciativas totalmente innovadoras, bien por su forma de gestión, por el contenido o por el riesgo que suponen. Ha de ser un fondo para la experimentación y la novedad, también.
4. Si a España llegan subvenciones y créditos, distribuir también subvenciones y créditos; hay proyectos viables que pueden ser capaces de devolver un préstamo en buenas condiciones, permitiendo también optimizar el uso de la dotación económica disponible.
5. Papel proactivo de la administración pública: no puede limitarse a ser una ventanilla que recibe y supervisa proyectos; hay que salir a la calle a buscar y generar proyectos, apoyarse en las estructuras intermedias existentes (Grupos de Acción Local, agentes de desarrollo local, cámaras de comercio, asociaciones…), e incluso participar societariamente del proyecto, si la ocasión lo merece; ser también capaces de delegar en el territorio y sus agentes determinados programas o medidas.
6. Total transparencia en la publicación de resultados, datos, empleo, empresas, etc… Mecanismos activos de participación pública, reglamentos y normativa públicos.
7. Huir del clientelismo, de la distribución de fondos en función del color político del Ayuntamiento o de la comarca…
8. Huir de las etiquetas y ser rigurosos: una tendencia muy pícara es poner la etiqueta “sostenible” o “digital” a cualquier proyecto, por aquello de que es “lo que subvencionan”. De este modo nos podemos encontrar con una mera compra de ordenadores que se convierte en un “proceso de digitalización”, o la mera sustitución de una caldera de gas por otra más eficiente y que es una “inversión en sostenibilidad”, y cosas parecidas. Esto no cambia ningún modelo productivo, no es estratégico ni es disruptivo…A pesar de que la innovación siempre es un concepto relativo, en función del contexto económico, geográfico o social, hay cosas que ya no son de recibo.

Seguro que hay más elementos para el debate, debate que echo en falta en estos momentos en la sociedad española, entre los agentes sociales, en las administraciones y en nuestro día a día. Esperemos que no nos pille el toro y que luego los fondos que llegarán (muchos o pocos) pasen sin pena ni gloria.