¿Vigencia de la provincia?

La crisis de la Covid-19 y la asunción de competencias por parte de la Administración Central ha vuelto a traer a colación el papel de la provincia, por supuesto con su correspondiente barullo político.  Al utilizar la provincia como base para la toma de decisiones, especialmente en el contexto de la desescalada, por un lado se ponía en cuestión el trazo grueso esta circunscripción, que englobaría en ocasiones realidades geográficas, sociales, económicas…o epidemiológicas muy distintas.   Por otro lado, el recurso a la provincia estaría repleto de resonancias centralistas, difíciles de admitir, no solo por parte de nacionalismos periféricos más o menos acendrados, sino también por autonomistas, amigos de su tierra y barones de distinta índole.

Es evidente que la planta provincial española, que data de 1833, responde a una visión centralista del Estado, pero también -no lo olvidemos- a un objetivo consciente de implantación de un Estado moderno en todos sus aspectos, algo que estaba muy lejos de suceder en la España de aquella época, escenario de guerras civiles, asonadas, revueltas populares y demás acontecimientos.

Asimismo, está claro que el modelo borbónico se inspira en los departamentos franceses (invento de la Revolución, aunque inspirado ya en proyectos anteriores), si bien los franceses afinaron más con el pincel, instaurando casi el doble de departamentos (95) que provincias en España (50) para una superficie solo un 10% mayor.  Y la división departamental ha seguido siendo utilizada por el Gobierno francés como unidad de gestión en la crisis del coronavirus, lo cual demuestra su utilidad…al margen de que Francia vaya incorporando a lo largo de los siglos sucesivas modificaciones al mapa departamental, haya creado regiones, pays y otras figuras, con las que intenta ir adaptando la planta administrativa a los cambios económicos y sociales de cada momento.

Y éste es tal vez un elemento diferenciador: aunque los departamentos no han dejado de existir, y siguen siendo circunscripciones electorales, en Francia se han ido ensayando diferentes fórmulas de administración local, incluyendo además no sólo a los Ayuntamientos, sino también al tejido social del territorio, por ejemplo.  Y dichas fórmulas han sido incluidas en las sucesivas leyes de régimen local francés.  En España, las comarcas que se han instaurado en algunas comunidades autónomas no han conseguido, ni mejorar la gestión de los servicios, ni aproximar más la administración al ciudadano ni, muchas veces, mejorar la imagen de clientelismo que está asociada a las diputaciones provinciales desde el siglo XIX y la Restauración.

Las diputaciones provinciales suelen manejar un generoso presupuesto y disfrutar de una holgada situación económica, que contrasta fuertemente con la de muchos Ayuntamientos a los que sirven.  Igualmente, las diputaciones funcionan de una manera discreta, y no están tan en el foco mediático como los Ayuntamientos de población o presupuesto similares, donde la elección directa de los concejales y la dinámica gobierno-oposición potencian más los usos democráticos.  La discreción es característica de las diputaciones, pero en algunas ocasiones la misma se rompe y salen a la luz situaciones bastante serias (como los casos de las diputaciones de Lugo o de León, por poner un par de ejemplos).  La discreción, o la opacidad: el último informe Dyntra todavía suspendía en transparencia a 11 diputaciones, pero es que solo 14 de 38 diputaciones conseguían un aprobado holgado.  Lo cual no significa, por supuesto, que no se haya mejorado en transparencia o que no haya Diputaciones o servicios dentro de las mismas que funcionen de manera correcta o incluso ejemplar.

Si hemos de aunar eficiencia en la gestión, adaptación a los tiempos, democracia, o lucha contra la despoblación, hemos de poner sobre la mesa muchas cuestiones, entre otras, y de manera no exhaustiva:

  • ¿Es útil la provincia, una administración nacida en el primer tercio del  siglo XIX, para gestionar territorios doscientos años después?
  • ¿Sirve para gestionar territorios que, en gran parte, han perdido población y funcionalidad económica en todo ese periodo?
  • ¿Por qué esa renuencia por parte de todos los gobiernos a tocar la provincia como circunscripción electoral y por tanto como entidad local?
  • De manera más concreta, ¿es imprescindible que exista una admnistración intermedia entre las Comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿es la manera  más eficiente de gestionar y distribuir territorialmente el dinero y las competencias públicas?
  • ¿Por qué no se puede tocar tampoco -tan apenas- la planta municipal, espejo de otros tiempos muy distintos de los actuales, y cuyo diseño minifundista en muchos casos está en relación directa con el poder de las diputaciones?
  • ¿Qué capacidad puede o debe dejarse a los Ayuntamientos para organizar la gestión de sus servicios? ¿dicha gestión conjunta ha de pasar por la creación de mancomunidades  u otras figuras -los llamados “chiringuitos”- o basta redactar buenos convenios de colaboración que den la necesaria seguridad y eviten estructuras suplementarias?
  • En general, ¿por qué hay en España tan poco margen para la experimentación en el seno de la administración, incluyendo sus propias divisiones…? ¿por qué las nuevas circunscripciones locales no podrían incluir también actores del sector privado, a la manera de los pays franceses, germen de los Grupos de Acción Local LEADER, cuya capacidad de dinamización de los territorios ha sido más que notable en muchos casos, en relación con sus recursos?
  • ¿Por qué esa asimetría entre los recursos económicos de las diputaciones provinciales y los de los ayuntamientos, en relación con las competencias asignadas y las necesidades de los ciudadanos?
  • ¿Por qué se dispone de tan pocos datos y estadísticas a escala municipal y local, lo cual dificulta la gestión de tantos servicios -como se ha visto ahora con la crisis del Covid19- y no se ha hecho un esfuerzo serio y coordinado para dotarse de más y mejores datos?

Muchas cuestiones, muchos debates y melones que deberían abrirse, tanto cuando hablamos de despoblación como cuando hablamos de gestionar una crisis.  Pero no parece que haya demasiado interés, ni en hacerse las preguntas, ni en encontrar las respuestas.  El melón sigue cerrado.

 

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