Estos días ha sido noticia en la prensa la condena por estafa para un sujeto que se apropió indebidamente de 4,5 millones de euros en subvenciones, recibidas para montar una fábrica de coches eléctricos en Technopark, el parque tecnológico del Motor instalado en Alcañiz (Teruel), junto al circuito Motorland.   Es uno de esos casos típicos de “paracaidistas” o “cazasubvenciones”: personal avispado que acude siempre a la llamada conjunta del dinero público y de la desesperación de los gestores del mismo; mezcla que se utiliza, bien para buscar una salida a las diferentes “des” (despoblación, desindustrialización, deslocalización…) que afectan al territorio (sobre todo rural), bien para justificar o llenar de contenido polígonos, parques tecnológicos y otros trajes grandes, envases sobredimensionados y/o mal concebidos.  Merece la pena que reflexionemos un poco sobre todo esto.

En el caso que hemos mencionado, la Fiscalía y el juez han considerado probado que el culpable “carecía de toda experiencia, conocimientos, infraestructura y solvencia económica“. Vamos, que se lanzó a montar una fábrica de coches eléctricos sin tener ni idea del tema…Y yo me preguntó: ¿cómo es posible que se le dieran más de 4 millones de euros de subvención a alguien sin ninguna idea ni medios para montar tamaña empresa? ¿quién tomó la decisión? ¿por qué la tomó? ¿qué responsabilidad tiene o se le puede pedir, incluso penal, al funcionario y al responsable político que firman una concesión de subvención en tales condiciones…?

Esto se explica, como hemos indicado al principio, por la confluencia de dos factores: por un lado, cuando hay subvenciones de cierto fuste siempre aparecen vivillos de diferente catadura, dispuestos a montar empresas fantásticas, llenas de puestos de trabajo, innovadoras y salvadoras de los territorios despoblados e irredentos.  La lista es amplia y en muchos casos conocida: el fiasco de Gran Scala, la empresa de congelados en Calanda, la paulownia de Almadén, la central de biomasa de Alcalá de Gurrea, la piscifactoría de Aliaga que iba a conllevar cientos de puestos de trabajo en manufactura de pescado…En la mayor parte de los casos, estos proyectos no llegan a nacer, o se quedan en apenas un esbozo de lo que pretendían ser, muchas veces ante la pasividad y la resignación de Ayuntamientos y población.

Por otro lado, como en el cuento de Andersen “El traje nuevo del emperador”, estos pícaros consiguen desenvolverse porque hay unas administraciones, alcaldes, consejeros, diputados, y población en general…faltos de ideas, ansiosos por recibir una especie de golpe salvador que venga del exterior, en una actitud que constituye una curiosa mezcla de desconfianza en las propias fuerzas, un notable complejo de inferioridad y una no escasa dosis de papanatismo.

A este tipo de proyectos se les suele poner la alfombra roja, se les allana el camino administrativo y se les dan todo tipo de facilidades (como ejemplo máximo, recuerdo que en Aragón se aprobó expresamente una Ley “de centros de ocio de alta capacidad” a medida para instalar el fiasco de Gran Scala, que representaba en la práctica crear un “estado dentro del Estado”, y que, hasta donde yo sé, continúa en vigor sin que ningún gobierno o Parlamento posterior la haya derogado).  Y por supuesto, se les riega de millones: más de cuatro millones en el caso de los coches eléctricos, más de dos millones y medio en el caso de la empresa de Congelados de Calanda…

(Un inciso: me llama la atención que los movimientos “contra la despoblación” no sean mucho más críticos con noticias como éstas, que ponen de manifiesto un mal uso de los recursos públicos y un enfoque equivocado de la gestión del problema de la despoblación).

Sin llegar a estos extremos de carácter delictivo, sí existen otras prácticas de ética más que dudosa, como, por ejemplo, cuando una empresa que ha recibido millones de euros de dinero público para facilitar su instalación, bajo fórmulas muy diversas (suelo industrial, conexión eléctrica, gas y agua, financiación de naves y bienes de equipo, subvenciones a fondo perdido y bonificación de puntos de interés bancario, préstamos a tipo de interés preferencial…) es vendida luego por sus propietarios, que reciben pingües beneficios por ello, sin que el erario público recupere un euro ni se beneficie de dicha venta.

En este sentido, me permito apuntar algunos criterios que debería seguir una acción pública de apoyo a empresas en zonas desfavorecidas:

1. Apoyo decidido al tejido empresarial local y a quienes lo conocen: la experiencia indica que la tasa de éxito de los pequeños proyectos apoyados por la gente del propio territorio es mucho más elevada, además de requerir menor inversión y tener un notable efecto multiplicador.  En esta línea, es importante apoyar aquellas entidades y profesionales que conocen el terreno y a sus gentes: Agentes de Desarrollo Local, Grupos de Acción Local, Cámaras de Comercio, o incluso oficinas bancarias de los pequeños pueblos, que conocen a sus clientes y saben quiénes son “dignos de crédito” más allá de las frías cifras del análisis financiero.
2. Profesionalización y transparencia del proceso selectivo de los proyectos empresariales, con criterios objetivos y transparentes (publicados), y el menor grado posible de discrecionalidad política.
3. Participación pública en el accionariado de las empresas; si la aportación en los activos fijos alcanza el 30% o el 50% de su valor, pongamos por caso, no veo razón para que el sector público no tenga una representación proporcional en la toma de decisiones de la empresa, o en la futura participación en ganancias o pérdidas.  Esto es lo que hizo un país tan poco socialista como USA, cuando la Administración Obama tuvo que rescatar a GM y Chrysler.  De esta manera, se controla de cerca la evolución de la empresa (y el destino del dinero público allí aportado), y se puede recoger parte del mismo.
4. Infraestructuras, las justas y “a medida”: el urbanizar directamente enormes extensiones de suelo industrial, por ejemplo, lleva a la urgencia de tener que ocuparlas de alguna manera, sin detenerse en la calidad de los proyectos, o incluso, en la adecuación de dichas infraestructuras para las necesidades específicas de las empresas.  Es preferible disponer los instrumentos urbanísticos o de otro tipo, pero no ejecutar obras hasta que se sabe de manera concreta qué necesita.