En nuestro post anterior, habíamos comentado algunas limitaciones y contradicciones de las propuestas más habituales en materia de financiación del medio rural y de las zonas despobladas en particular.   El resumen del análisis sería: ninguno de los modelos vigentes reconoce el justo reembolso de los servicios prestado por las zonas rurales al conjunto de la sociedad.  Si, además, somos conscientes de las limitaciones de nuestra gobernanza económica, y de la discrecionalidad -vamos a llamarla así…- en la selección de proyectos y asignación de subvenciones, se concluye que deberíamos superar la “cultura de la subvención” y avanzar más bien hacia el “justo reembolso”, y eso se puede hacer, sobre todo, por la vía de la fiscalidad.

El quid de la cuestión es el siguiente: las zonas rurales son proveedoras de servicios para las zonas urbanas, servicios que, hoy por hoy, 1) no son reconocidos, 2) ni valorados económicamente, 3) ni por tanto pagados. Véase que establezco una secuencia, porque entiendo que es un proceso por etapas (para poder pagar algo, hay que tener claro el precio, y antes haber reconocido que el servicio se ha prestado). Las zonas rurales proveen de aire puro a las zonas urbanas, cuando los bosques de alrededor fijan el CO2 emitido sobre todo en las ciudades; las zonas rurales proveen de biodiversidad que es objeto de disfrute por el medio rural, pero muchos pueblos y ciudadanos que viven en una zona Natura 2000 siguen viendo en ello sólo limitaciones a sus actividades, pocas y complicadas subvenciones, y ningún beneficio en concreto; las zonas rurales, a menudo en las cabeceras de los ríos, proveen de agua de calidad a las zonas urbanas situadas en los valles; todos estos servicios constituyen lo que en Economía se llaman “externalidades positivas”.

A su vez, en las zonas rurales se ubican muchas veces las grandes centrales energéticas (hidroeléctricas, nucleares, carbón…) con grandes impactos ambientales y sociales sólo muy parcialmente compensados. Hilando con este último punto, no es ya que muchas zonas rurales terminen siendo consideradas puntualmente objetivo de todas las externalidades negativas del metabolismo urbano (vertederos…) sino que de manera habitual están siendo contaminadas o, en general, sufriendo los impactos ambientales de un modo de vida del que no son partícipes ni responsables…y nadie paga por ello.

Un ejemplo claro de impacto recurrente lo tenemos en la contaminación por ozono.  El ozono troposférico es un contaminante secundario, producido en presencia de luz solar a partir de precursores, que son normalmente gases provenientes de la quema de combustibles fósiles.  Se da la paradoja de que dicha contaminación se inicia en las grandes ciudades, pero es en las zonas rurales y de montaña donde finalmente se acumula este ozono; de este modo, el Pirineo o las sierras del sur de Teruel -paradigma del “aire puro” de montaña- alcanzan niveles de ozono muy por encima de los límites legales.  Y esta contaminación ha empezado en Zaragoza, o en Valencia.  Y ni Zaragoza ni Valencia aplican el principio de “quien contamina paga” para, al menos, compensar a Teruel o al Pirineo por este hecho.

De este modo, tenemos dos fenómenos: externalidades positivas que las zonas rurales ofrecen a la sociedad y por las que no reciben compensación económica, y externalidades negativas que sufren las zonas rurales por daños de los que no son responsables. Ambos fenómenos deben ser identificados, cuantificados, valorados económicamente y posteriormente pagados.  Aunque el reto metodológico y político es evidente, sólo mediante este proceso puede superarse la dependencia político-económica del medio rural respecto al urbano, y avanzar hacia una emancipación y por tanto hacia un territorio atractivo para vivir y trabajar.

La fiscalidad ecológica ofrece herramientas muy poderosas, siempre y cuando se orienten con carácter finalista: las ecotasas ya implantadas en muchas zonas turísticas, pretenden financiar el mantenimiento del medio natural que es precisamente el mayor motivo de visita por parte de los turistas urbanos a las zonas rurales y de montaña. Los bosques y su mantenimiento (y aquí incluyo los trabajadores forestales, pero también los ganaderos extensivos) deberían recibir dinero, no vía subvención -siempre sujeta a discrecionalidad, recortes o cosas peores-, sino vía tasa o impuesto pagado directamente por los propietarios de vehículos a motor, industrias y calefacciones en función de sus emisiones, y recibido por los anteriores en función de su capacidad de fijación de dichas emisiones, y con un objetivo orientado a la mejora de resultados, es decir, la mejora de la capacidad de fijación.

El mantenimiento del agua de calidad en cabeceras puede suponer la renuncia a determinadas actividades económicas -por ejemplo, la ganadería intensiva de porcino, o la minería- que deben ser compensadas a través del “coste de oportunidad” después imputado en el recibo del agua de los usuarios. Recalco la palabra “usuarios”: hay que hacer hincapié en identificar los usuarios de las externalidades positivas, y los causantes de las negativas, para que sean ellos los que paguen, y no todos, que es lo que suele pasar a través del modelo tradicional -y, como se ve, injusto- de subvenciones.  Es decir, no solamente se internalizan costes mediante la intervención pública (impuestos o tasas) sino también mediante mecanismos de mercado, que la Administración debe promover e impulsar, eso sí.

Del mismo modo, hay herramientas que cabe recuperar, como el “canon eléctrico” que existió en España entre 1981 y 1985, el cual gravaba a las empresas eléctricas, generando recursos que se habían de aplicar “preferentemente en beneficio del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de las zonas directamente afectadas por la implantación de instalaciones de generación eléctrica de carbón, hidráulicas o de energía nuclear” y que resultó de gran utilidad en los años anteriores a la entrada de España en la CEE y la consiguiente llegada de los Fondos Estructurales.  También, hay que acostumbrarse a pagar por entrar en los espacios naturales protegidos y por sus infraestructuras, algo que se viene haciendo con normalidad en la mayor parte de países desarrollados desde hace mucho tiempo y que aquí sigue generando una polémica incomprensible; y, ¿por qué no? hacer llegar a los usuarios una “factura en sombra”, para que sepan en concepto de qué están pagando y cuáles (y cuánto) son los beneficios que genera dicho espacio natural.

Como vemos, un tema muy amplio, sorprendentemente poco trabajado en el ámbito práctico de la lucha contra la despoblación y el desarrollo rural. En sucesivos posts seguiremos hablando de este tema.