Los fondos estructurales estarán sujetos al cumplimiento del déficit

La comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara ha aprobado este jueves -por 27 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones- las nuevas normas que regularan los fondos estructurales durante el periodo 2014-2020, cuya principal novedad es que prevén suspender estas ayudas a los Estados miembros que desoigan las recomendaciones de Bruselas para corregir su déficit excesivo.

La legislación, que ya ha sido pactada con los Gobiernos, todavía debe ser ratificada por el pleno del Parlamento Europeo.

El comisario de Política Regional, Johannes Hahn, ha dicho que esta condicionalidad macroeconómica ha sido una de las cuestiones “más discutidas” durante las negociaciones, pero constituye un “elemento muy importante” de la reforma. “Este instrumento podrá aplicarse, pero será el último recurso y espero que nunca tengamos que usarlo”, ha dicho en rueda de prensa.

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Esta decisión ha sido efectivamente muy discutida, y en nuestra humilde opinión, es claramente desafortunada: castigará más a los países que, o bien se están financiando más caro (es el caso de España, Portugal, o Italia), o bien cuentan con unos sistemas de servicios públicos aún muy incipientes (como puedan ser países de Europa del Este).

Además, también creemos que constituye una contradicción, ya que los fondos estructurales son casi siempre cofinanciados por el sector público de los Estados Miembros (en nuestro caso, la Administración del Estado, de las CC.AA. o los Ayuntamientos), y durante años han aumentado su deuda, también para cofinanciar esos fondos.  Si ahora no se les permite, ¿cómo se van a cofinanciar…?

Nos queda el cierto consuelo de que esta “condicionalidad macroeconómica” no ha sido total; en el proceso de negociación, el Parlamento Europeo (“un marino navegando en solitario, frente a los Estados Miembros y a la Comisión), ha logrado que su visto bueno sea imprescindible antes de adoptar la suspensión de fondos a un Estado “incumplidor”, y que se tengan en cuenta circustancias sociales y económicas concretas…

Las nuevas normas sobre política regional introducen además condiciones previas al desembolso de los fondos cuyo objetivo es garantizar que las inversiones sean más eficaces. Entre ellas, el cumplimiento de la normativa medioambiental de la UE (algo de lo que España en general, y Aragón concretamente, debería tomar muy buena nota…).

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