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En anteriores posts hemos apuntado el problema de la gobernanza, o más bien, de la falta de buena gobernanza, como un factor esencial para comprender la falta de eficiencia en el uso de los fondos europeos, y más en general, para entender por qué, después de 30 años recibiendo dichos Fondos, buena parte de los problemas estructurales del medio rural y/o de la economía española, siguen presentes y sin visos de solución.  De manera más específica, hemos apuntado cómo todas las tendencias de despoblación y envejecimiento que existían en el interior de la Península Ibérica hace 30 años siguen existiendo, y los momentos en que dichas tendencias se han desacelerado han estado relacionados con coyunturas económicas muy concretas y ajenas a la propia dinámica del medio (las “burbujas” inmobiliarias).

Esta cuestión de la gobernanza es central, y está siendo estudiada, tanto por la propia Comisión Europea, como por analistas externos. El dilema es, en definitiva, el siguiente: los territorios más atrasados de la Unión Europea son los que más necesidad tienen de unos Fondos estructurales, pero, a su vez, son los que tienen peores estructuras de gobernanza, donde se toman las decisiones más inadecuadas en cuanto a asignación de fondos, donde hay menor planificación y seguimiento de los fondos, donde hay más corrupción (ligada normalmente al excesivo foco en las infraestructuras y las obras públicas en general), y donde existen estructuras políticas y administrativas más anquilosadas y menos adecuadas para la gestión de los fondos. Concluye el análisis señalando que, lejos de mostrar signos de mejora estructural, algunas regiones se han hecho “fondo-adictas”, “construyendo una tupida red de intermediarios semipúblicos que ahogan el potencial crecimiento en lugar de estimularlo” (Molle, 2012; pp. 301).

Todo lo contrario estaría ocurriendo en los países y regiones más avanzadas de la Europa del norte y atlántica. Esta diferencia en la calidad de la gobernanza, además, no ha hecho sino aumentar a lo largo de los años, como demuestra la tabla adjunta.

Según este análisis, algunas posibles vías de solución serían:

• Cambio del formato de ayudas, apoyándose menos en la subvención a fondo perdido, y más en los préstamos; en este caso, pretende evitarse el “abuso” por el hecho de verse obligados a devolver el dinero. No obstante, experiencias como los préstamos Reindus en España, muestran que no es una garantía plena de mejor uso de los fondos.
• Limitación de las ayudas en el tiempo y para determinados objetivos, en lugar de grandes líneas “abiertas”.
• Mejora en la capacitación de administradores, tanto políticos como técnicos, especialmente, en cuanto a la aplicación del ciclo completo de la política pública: planificación, gestión y -sobre todo- evaluación. Siendo algo muy necesario,  hay que ser consciente de que esta “falta de cultura de la planificación y evaluación” es muchas veces “buscada” y no fruto de la ignorancia, puesto que resulta útil para un uso más discrecional de los fondos, que pueda responder más a las necesidades a corto plazo o a las presiones de grupos de interés en un determinado momento.

La Comisión, por su parte, no es tan taxativa en el análisis. Si bien es consciente de que es preciso mejorar la gobernanza y dedicar más recursos a este fin, es más cauta ante las implicaciones políticas que pueda tener (injerencia en las competencias de los Estados Miembros), y por otra parte los datos que maneja no muestran una correlación evidente entre mala gobernanza e incapacidad de absorción de fondos.  De hecho, puede darse el caso de países con mala gobernanza y alta absorción de fondos (Grecia, Lituania) y otros con buena gobernanza y baja absorción (Austria), con la mayoría de los países en torno a la media de ambas variables.  En todo caso, hay que señalar que aquí hablamos solo de capacidad de absorción de fondos en términos cuantitativos, mientras que los análisis anteriores ponen más el acento en el “resultado” de dicha absorción, en forma de “desarrollo” y de mejora estructural de las economías.

En una orientación disitinta, se ha abierto paso el discurso sobre la simplificación de fondos, asumiendo que precisamente la complejidad de la tramitación contribuye a crear esas “redes de intermediaries” y a restar eficacia a los fondos.  Recientemente, el Grupo de Alto Nivel sobre el tema ha propuesto precisamente rebajar los requisitos formales de acceso a estos Fondos.

El debate, en todo caso, está abierto, y las decisiones que cada día se toman respecto al uso de fondos públicos -europeos o no-, ponen de manifiesto esta necesidad de “mirar hacia adentro” y mejorar nuestra forma de gobernarnos, como paso previo a la compulsiva petición de “fondos”, que se gastan posteriormente, sin planificación, criterio ni evaluación: sobran los ejemplos, recientes y cercanos…