Durante unas jornadas sobre la PAC (Política Agraria Común), celebradas hace unas semanas, escuché a un ponente decir lo siguiente “Hace años que el campo español está uberizado”. Fue un comentario que pasó más bien desapercibido, pero me pareció una idea sugerente, provocadora de alguna reflexión, que querría comentar con los lectores.

El término “uberización” proviene de la empresa Uber, conocida en el mundo entero como proveedora de servicios de transporte urbano, mediante un modelo que ha provocado efectos y opiniones contrapuestas en el mundo. En esencia, la empresa no tiene “empleados”, son autónomos o personas que ponen su coche a disposición, para sacarse un dinero extra; el viajero que necesita un servicio lo busca y contrata a través de una app.  La empresa recibe una parte del importe de la carrera y el conductor otra.

Para unos, este sistema representa el modelo de economía colaborativa del futuro: ponemos en común recursos ociosos (plazas libres en nuestros coches) para beneficiarnos todos. Para otros, este sistema es una forma de competencia desleal hacia los taxis tradicionales (que se han opuesto frontalmente a la presencia de Uber en muchas grandes ciudades), y una forma de explotación de unos trabajadores que son “falsos autónomos”, ya que han de cumplir unos horarios y unos servicios muy estrictos, y encima se tienen que pagar la seguridad social: el caso de Deliveroo, la spin-off de Uber surgida para llevar comida a domicilio, es particularmente conocido. Hablaríamos, en resumen, de una empresa que se lucra con el mínimo riesgo (al menos de acuerdo con los patrones de la economía clásica): aporta una plataforma digital y monetiza datos, pero no aporta trabajo ni los medios de producción -eso lo hacen los conductores o repartidores-, y sin embargo, se lleva la parte del león de los beneficios…

Pero esto, que parece novedoso y recién llegado a la ciudad, está inventado en el campo hace muchos años. El caso más evidente es el de la integración ganadera: según la Ley de Sanidad Animal del año 2003 la integración es “aquella relación contractual ganadera en la cual una parte, denominada integrador, se obliga a aportar los animales y/o o los productos para la alimentación animal, productos sanitarios y asistencia veterinaria, y la otra, denominada ganadero integrado, aporta los servicios de alojamiento del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales”.  Los costes de explotación y financieros (devolución de préstamos, amortización de instalaciones, gasoil, gestión de los purines, mano de obra, etc…) corren enteramente a cargo del ganadero, y el precio de venta (que depende enormemente de los avatares del mercado mundial) podrá cubrir, o no, dichos costes.  En muchas ocasiones, no se cubren, y si se unen varios años seguidos en esas circunstancias, la explotación es inviable, y toca cerrar y emigrar.

Para que nos hagamos una idea de la importancia de este modelo, pensemos que el 95% de la avicultura y el 75% del porcino español trabajan bajo este régimen. Es decir, una inmensa mayoría de los ganaderos de estos sectores -y otros que se suman-, se encuentran muchas veces en una situación de indefensión, aceptan sin condiciones los cambios que les propone la empresa integradora, y no tienen posibilidad de negociar.

Ahora bien, si abrimos el foco, vemos que estas circunstancias se dan en otros sectores agrarios: la producción hortofrutícola o la cerealista, por ejemplo. Los agricultores aportan sus medios de producción, pero no controlan los precios de sus insumos, ni los canales de comercialización ni el precio de venta, estando al albur de la volatilidad de precios y viéndose obligados a vender su producción a distribuidoras o intermediarias -cada vez, agrupadas en torno a grandes grupos de carácter multinacional-, muchas veces por debajo del coste.  Y los mecanismos hasta ahora arbitrados para superar este problema (Ley de la cadena alimentaria en España, organizaciones de productores o interprofesionales en el marco del primer Pilar de la PAC, o la reciente propuesta de Directiva sobre prácticas desleales en la cadena alimentaria ) no parece que hayan contribuido a solucionarlo.

En este sentido, los esfuerzos públicos orientados hacia la creación de infraestructura productiva no han ido parejos a los necesarios para promover la comercialización. En términos de management, diríamos que se ha hecho esfuerzo en la parte menos importante, que es la inversión en activos fijos para la producción, pero el esfuerzo ha sido -y sigue siendo- mucho menor en la parte dedicada a diseño e innovación, por un lado, y a comercialización, por otro. Hemos gastado millones de euros privados y públicos en granjas de cerdos o en secaderos de jamones, pero seguimos con grandes dificultades para vender el jamón de Teruel fuera de nuestras fronteras, por ejemplo.

Al hilo de esto, no puedo resistirme a compartir con los lectores esta reciente experiencia: en un supermercado Carrefour (gran superficie) de Bruselas compré un sobre de jamón “Teruel”: no de Denominación de Origen “Jamón de Teruel”, sino “Serrano Teruel”, poniendo de manifiesto la dificultad de la DO para darse a conocer y la mezcla de conceptos que intermediarios y consumidores tienen en sus cabezas…y además, para más inri, el jamón había sido comercializado por una empresa italiana, por lo que me quedé incluso sin saber quién era el productor de este jamón “de Teruel”….¿y el valor añadido, a dónde había ido…? Pues seguramente a Teruel no, a pesar de los curiosos esfuerzos desplegados por la Denominación de Origen, o de las cantidades de dinero público invertidas en promociones , en ocasione discutibles.