Hace ya bastantes años, leí en la prensa un artículo que, bajo el título de “Veraneos buenos, bonitos y baratos”, glosaba las ventajas de los veraneos en los pueblos: meses estivales en que, quienes tuvieron que dejar sus lugares de origen para buscar oportunidades en la ciudad, volvían a ellos para reencontrarse con su familia y sus raíces, para que sus hijos disfrutaran de unas semanas de libertad por las calles del pueblo, sin horarios ni cortapisas; disfrutar de las fiestas y formar parte de ellas, mantener los pueblos vivos y, además, de manera barata para muchas familias que, al mantener la casa del pueblo, se podían permitir una estancia de varias semanas (incluso dos meses), cosa que no sería posible en la playa o en la montaña, o con cualquier otra forma de turismo organizado.  En suma, glosaba el articulista lo que ahora llamaríamos “una elogiable relación win-win entre lo rural y lo urbano”.

No pongo en duda ninguno de los dos primeros atributos: seguro que se trata de veraneos buenos y bonitos, es más, inolvidables para muchas personas.  Sin embargo, me suscita más dudas el hecho de que sean “baratos”: ¿realmente lo son?; son baratos para el veraneante, pero, ¿son baratos para el pueblo? ¿se paga realmente por todo lo que se recibe…?  ¿le sale a cuenta al pueblo…?  Son cuestiones que merecerían una reflexión…

La reflexión surge en primer lugar, por el lado de los gastos: ¿cuánto le cuesta al pueblo convertirse en “lugar de veraneo” durante dos meses -echándolo largo- o apenas quince días -en muchos casos?  ¿cuánto cuesta esa estacionalidad, en que un pueblo de 100 habitantes pasa a tener 300 ó 400…?  Son muchos los alcaldes que se quejan de tener que mantener una red de aguas y saneamiento “sobredimensionada”, o más bien infrautilizada la práctica totalidad del año, lo cual genera costes adicionales de mantenimiento.  Lo mismo sucede con equipamientos discutibles en pueblos envejecidos, como polideportivos o frontones cubiertos o piscinas (¡¡o incluso plazas de toros!!), vacíos la práctica totalidad del año (y pagados en gran parte con Fondos europeos, esos Fondos sobre cuya utilidad o mal uso tanto pontifican, muchas veces, quienes precisamente durante años han estado -o están todavía- en la toma de decisiones sobre su destino).

A título de ejemplo, y según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, los 236 municipios de Teruel cuentan con 115 piscinas y 98 naves o pabellones polideportivos.  En cambio (y aunque me llamen demagogo) sólo cuentan con 8 centros de día y 28 residencias de ancianos.

Argumentan muchos alcaldes que, gracias a estos equipamientos, el pueblo mantiene su atractivo como lugar de veraneo (dando a entender por tanto que, sin ellos, ni siquiera esos “hijos del pueblo que tanto lo quieren” se acercarían por allí…).  Y puede ser un argumento válido, pero otra cosa es ver si se está dispuesto a pagar por esos servicios, y aquí vamos al lado de los ingresos.  Veámoslo, con ejemplos de la provincia de Teruel, pero que pueden ser extrapolables a otras provincias del interior peninsular.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI de Urbana) suele ser la principal fuente de financiación de los Ayuntamientos.  Pues bien, en 2016, todos los municipios de Teruel (incluyendo la capital) emitieron 194.697 recibos, recaudando algo más de 26 millones de euros.  Por contraste, la ciudad de Zaragoza emitió casi medio millón de recibos, pero por una base liquidable media el doble que la de Teruel, lo cual explicaría también que los ingresos de IBI por habitante de Zaragoza sean un 22% más elevados que en Teruel.   De manera aún más concluyente: si quitamos Teruel, Alcañiz y Andorra, los 233 municipios restantes de la provincia ingresan por IBI de Urbana una media de 60.985 euros, y su base liquidable es de apenas 15.000 euros de media…y hablamos de la principal fuente de ingresos.

Y el IBI de Rústica sale aún peor parado: los casi 150.000 recibidos emitidos por los Ayuntamientos de Teruel apenas recaudaron algo menos de 3 millones de euros.  El ingreso medio de un municipio por este concepto fue apenas de 12.274 euros; si tenemos en cuenta que muchas propiedades ubicadas en los pueblos están en manos de gente que vive en las ciudades, la conclusión es clara: esa gente contribuye poco, tener una propiedad en el pueblo sale, en general, demasiado barato…

Respecto al Impuesto de Vehículos, todos sabemos de vecinos que residen en la ciudad, pero han dado de alta el coche en el pueblo, “para contribuir”, “por querencia”, dicen (que también), aunque es evidente que las muy reducidas cuotas que se pagan en los pueblos, en comparación con la ciudad, han formado parte de la decisión.  Incluso, algunos municipios se permiten hacer de “paraíso fiscal”, invitando a que empresas con grandes flotas de vehículos matriculen allí sus coches…e incitando de paso la guerra fiscal entre pueblos.

Las tasas y precios públicos, que deberían cubrir los costes del servicio, están en general muy lejos de hacerlo.  En algunos casos, como muchas piscinas o pabellones, el servicio es directamente gratuito o testimonial, a pesar de los cientos de miles de euros invertidos en su construcción y de su costoso mantenimiento (en el caso de las piscinas).  En otros, como es el servicio de agua (recordemos, sobredimensionado para atender la punta de visitantes de verano), las tarifas ofrecen una amplia panoplia de casos.  En esta materia, un estudio elaborado por el Instituto Aragonés del Agua en 2015 arrojó conclusiones muy significativas (insisto, probablemente extrapolables a cientos de municipios rurales de toda España):

1. Aunque hay gran variedad de precios y su media coincide con parámetros nacionales, resulta más barata el agua para consumos elevados que para consumos reducidos; es decir, se generan precios que no orientan hacia una reducción del consumo y a un ahorro de recursos. Este hecho, e incluso la carencia de contadores en muchos pueblos, contribuye a esa afición a “tener el grifo abierto”, poner veinte lavadoras, usar la manguera a todas horas, etc., que no se haría -evidentemente- en el piso de la ciudad.
2. Los precios del agua puedan pasar años sin ser actualizados, ni siquiera con el IPC, y dicha actualización choca con el miedo del alcalde de turno a tomar una medida “impopular”, como subir un euro al trimestre la tasa del agua, por ejemplo…
3. En una tercera parte de los ayuntamientos estudiados más de la mitad del agua ya tratada y servida en la red no pasa por un contador (la mayoría se pierde en fugas y averías) y hay casos en que este porcentaje de agua no registrada está cercano al 90%.

En el caso de la basura, nos encontramos con algo similar: aunque hay grandes diferencias entre municipios, muchos pueblos directamente no cobran tasa de basura a sus vecinos (bueno, Madrid no lo hacía hasta hace unos pocos años, y sigue sin haber completado el proceso…). De este modo, el tener la casa en el pueblo, consumir agua y echarla por el desagüe, dejar la basura en el contenedor para que la recojan, ir a la piscina, jugar en el pabellón, tener el coche de alta en el pueblo, etc., le puede salir al urbanita de Zaragoza o Barcelona, por menos de 200 euros al año…al mismo urbanita que reconoce que en la ciudad paga cuatro veces más sólo por el recibo del IBI de Urbana.

Llevando la argumentación un poco al límite, cabría preguntarse si son los veraneantes los que pagan por veranear o, al revés, son los pueblos los que sufragan su veraneo, para ver, aunque sea por unas semanas, el pueblo lleno…

Evidentemente, no todo se paga con dinero; como decía el anuncio, hay cosas (la vitalidad y alegría de un pueblo con gente, las calles llenas de niños, el reencuentro con las raíces, la capacidad de dinamización local por parte de los hijos del pueblo emigrados, etc.) que no tienen precio.  Igualmente, es verdad que, para muchas familias emigradas a la ciudad, pero socioeconómicamente situadas en las “capas populares” de la población, el pueblo ofrece una oportunidad de ocio y de esparcimiento que sencillamente, no se podrían permitir de otra manera, y obviamente tienen derecho a dicho ocio.  Pero una cosa es reconocer estos aspectos, y otra es sencillamente no contribuir como es debido al coste real de los servicios y equipamientos que hacen que el veraneo sea bueno y bonito.   El ser bueno y bonito no implica ser barato.