TO READ THIS POST IN ENGLISH, PLEASE CLICK HERE

Es conocida la enorme concentración de los canales de comercialización de los alimentos. A título de ejemplo: en Alemania, 4 empresas controlan el 85% del mercado minorista; en Portugal, 3 empresas controlan el 90%.  Seguramente, esta concentración es uno de estos aspectos “menos tratados” que está en la base de los desequilibrios territoriales y de los problemas del mundo rural en general.  Por ello, revisamos hoy las llamadas “Cadenas cortas de suministro de alimentos”, y vemos algunas de sus implicaciones, y barreras para su desarrollo.

El concepto de “cadena corta” se mezcla con el de “sistema alimentario local”. El primero se centra más en la relación directa entre productor y consumidor, con ausencia de intermediarios; el segundo se centra más en la cercanía geográfica, si bien el propio concepto es subjetivo, y depende de la densidad de población, del modelo de asentamientos…En todo caso, ambos conceptos confluyen en una nueva relación entre lo rural y lo urbano, y en la implicación de los consumidores en el proceso productivo: comprometiendo un nivel de consumo, aportando medios económicos o fuerza de trabajo, o siendo prosumidores (productores y consumidores a la vez).  Es decir, adoptando mecanismos y forma de la moderna economía colaborativa.

Este tipo de cadenas tienen implicaciones para las ciudades, que han de plantearse dejar de consumir espacio agrícola para la edificación y el hormigón, y debe pensar en la sostenibilidad de la ciudad en un entorno de cambio climático y encarecimiento de los precios de la energía. Dicho de otra manera, las cadenas cortas de suministro y los circuitos locales forman parte de un nuevo y necesario urbanismo, que permita hacer a nuestras ciudades menos dependientes de la energía fósil, tanto para la producción de alimentos (fertilizantes) como para su distribución (transporte).  A su vez, la promoción de este tipo de cadenas contribuye a la diversificación del tejido comercial y productivo de las ciudades, a la creación de empleo local, y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (con incidencia positiva sobre los sistemas de salud).

En esta línea, se están moviendo numerosos proyectos e ideas: por ejemplo, en el marco de la iniciativa URBACT se han acogido proyectos y redes como AGRI-URBAN, Sustainable Food, o Diet for a Green Planet. En el marco de LIFE, una gran ciudad como Zaragoza (700.000 hab.), está llevando a cabo su proyecto Huertas Km0, que incluye la recuperación de 25 hectáreas de la huerta tradicional de la ciudad para el cultivo de hortalizas orgánicas certificadas, una escuela de formación agraria, y campañas de difusión entre consumidores y el sector HORECA. En Bruselas, proliferan los GASAP (Grupo de Compras Solidarias de la Agricultura local)… En otra línea complementaria, numerosas ciudades están acondicionando huertos urbanos, como forma de recuperar espacios vacíos de la ciudad, favorecer el consumo local, ofrecer alternativas de ocio saludable y el envejecimiento activo, etc.

Desde el punto de vista del desarrollo rural, estas cadenas forman parte de un necesario nuevo modelo de relación rural-urbano, donde ambos forman parte de la misma región funcional, y donde el medio rural provee de alimentos de calidad al medio urbano, en unas condiciones económicas más justas para el productor, lo cual contribuye a su emancipación social y su profesionalización. Para ello, es importante una apuesta pública por este tema: facilitar el acceso a los puntos de venta, interpretación flexible del concepto de “local” y de la normativa sanitaria, facilitar la entrada de nuevos actores en el circuito (asociaciones de consumidores, organizaciones agrarias, entidades de custodia del territorio…), etc.

A pesar de ello, se producen grandes paradojas. Por ejemplo, la ciudad de Zaragoza (la quinta ciudad de España y primera de Aragón, que agrupa más de la mitad de su población), ha apostado hace varios años por la Muestra Agroecológica (cuya normativa establece una distancia máxima de 120 Km. como origen de los productos a la venta), y está intentando recuperar su huerta histórica (una de las principales de España) con pasos significativos como el proyecto LIFE antes mencionado. La dimensión de las posibilidades es enorme (a pesar de que la falta de capacidad productiva o el pequeño tamaño de los mercados sean vistos como una barrera para el desarrollo de este tipo de sistemas): por ejemplo, en 2009 la ciudad de Zaragoza tenía 14.862 hectáreas de regadío cultivadas con herbáceas o en barbecho; si las mismas se ocupasen en hortalizas, y aplicando un rendimiento medio de unos 30.000 Kg./Ha., esa superficie podría producir más de 450.000 toneladas: con un consumo anual per cápita de 110 kilos de hortalizas, esto nos dice que podría alimentarse a 4 millones de personas. En 2001, la huerta de Zaragoza dedicaba 3.570 hectáreas al cultivo de hortalizas; sólo recuperando esa superficie, y con los mismos parámetros anteriores, podría alimentarse a casi un millón de personas. Obviamente, estas cifras serían revisables y pueden ser mucho más conservadoras, pero permite hacernos una idea del potencial existente.

A pesar de este potencial, y a pesar de que la propia UE contempla mecanismos de apoyo a las cadenas cortas, a través del FEADER, el vigente Programa de Desarrollo Rural de Aragón ha renunciado expresamente a utilizar dichos mecanismos. En su página 35, afirma: “Finalmente, el PDR ha considerado que las cadenas cortas no es una prioridad claramente demandada por los agentes y plantea riesgos de inseguridad jurídica (definiciones, radios de acción, registro de operadores, competencia desleal, etc.) que afecta al control”.  Obviamente, se ha preferido potenciar o preservar la dedicación de esta zona de regadío a cultivos intensivos de alfalfa y maíz, destinados a la alimentación del ganado y con un importante mercado exterior (China, Emiratos Árabes), todo ello sustentado sobre un elevado consumo energético y con una clara incidencia sobre el cambio climático.  Mientras tanto, los zaragozanos seguirán consumiendo hortalizas producidas en Almería o Canarias, bajo mares de plástico, con una notable carga de agroquímicos y con unas discutibles condiciones laborales.

Éste es un claro ejemplo de cómo las principales barreras para la puesta en marcha de los circuitos cortos están más bien en las decisiones políticas que se toman, primando más el beneficio y la visión a corto plazo, que una perspectiva más amplia y sostenible.  En todo caso, la toma de conciencia y la activa implicación de los hasta ahora “meros” consumidores, son fundamentales para un cambio de modelo.